El Procurador y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió ante la Bicameral de Seguridad que la justicia local carecía de competencia en la acusación contra los vecinos y asambleístas de Uspallata, Mauricio Cornejo y Federico Soria, que permanecieron detenidos cinco semanas y tres días, respectivamente, sin que se hallaran pruebas en su contra.
Gullé explicó que Juan Manuel Sánchez, el fiscal a cargo del caso, que respondía a las órdenes del fiscal en jefe, Sebastián Capizzi, había sostenido que la competencia era provincial. Sin embargo, el procurador solicitó un informe detallado para esclarecer la situación.
La Justicia usada como engranaje político en el caso de la persecución de vecinos de Uspallata fue apuntada en un lapidario documento de la Iglesia Católica, que intervino en este caso alarmada por el nivel de persecución del oficialismo.
En su intervención y en línea con el oficialismo, Gullé mezcló acusaciones, mencionando el incendio que Miguel Pablo El Mostro González provocó como parte de una rencilla personal con el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera. González, a través de su hija, tiene vínculos con la UCR de Las Heras, que conduce Francisco Lo Presti.
Gullé sostuvo: “En primer lugar quiero hacer mención que recién ahora los defensores plantearon que es materia federal, no lo hicieron de entrada porque no estaba tan claro”.
Luego admitió que “uno de los delitos planteado, el 213 bis, es de competencia federal pero la Corte Suprema se ha cansado de dejar en claro que es competencia federal cuando hay intereses federales vulnerados, sino no”.
Después mezcló las causas de "El Mostro" con las de Soria y Cornejo: "Ahí tenemos delitos que son muy graves. Más allá del incendio que es muy peligroso, podría haber pasado muchas cosas", soltó el procurador.
La detención de Cornejo y Soria
Según Gullé, los delitos de los que fueron acusados Federico Soria y Mauricio Cornejo -a quien Edgardo Vera apuntó por supuestas amenazas coactivas, y de lo cual no s hallaron pruebas ni testigos- "son extremadamente graves y requieren una investigación exhaustiva".
Durante el proceso, los acusados fueron detenidos, Cornejo tres semanas en el Polo Judicial y dos en domiciliaria, y Soria estuvo prófugo todo ese tiempo hasta que s presentó a declarar y quedó en el calabozo por tres días, la jueza otorgó la libertad bajo fianza.
La declaración de Gullé y la confusión en las acusaciones han generado interrogantes sobre la transparencia y la eficacia del sistema judicial en casos de alta sensibilidad social como el de la imposición de la megaminería metalífera como negocio.
Persecución a las Asambleas
Gullé mantuvo la línea de señalar a las asambleas como organizaciones terroristas, tal la acusación del fiscal por el artículo 213 bis del Código Penal.
"El agruparse y agarrar y amenazar coercitivamente a la gente para que se vaya del lugar o deje de trabajar en esa actividad. Es un delito gravísimo, gravísimo. Eso es lo que está investigando. Y lo que ha hecho es puso en la orden del día a las personas que tenía referencia por la víctima, eran los que lo habían amenazado", buscó justificar el jefe de los fiscales.
