El Gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura el acuerdo firmado con la Nación para compensar deudas cruzadas. El entendimiento establece que la provincia cancelará un saldo neto de $212.152 millones hasta 2027, tras el reconocimiento nacional de acreencias por $121.282 millones.
Números de la compensación financiera
El mecanismo utilizado es el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El punto de partida de la negociación fue una deuda provincial originada por un anticipo financiero otorgado por el Estado Nacional. La obligación total que reconoció Mendoza asciende a $333.434 millones, que incluyen capital e intereses.
En contrapartida, el ministro Luis Caputo avaló reclamos mendocinos por $121.282 millones. La principal acreencia reconocida corresponde a las obras en las Rutas Nacionales 40 y 143, por un monto de $80.000 millones. El resto se compone de fondos adeudados por el Consenso Fiscal ($19.486 millones en 2024, $11.896 millones en 2025 y $7.603 millones en 2026) y pagos pendientes por obras de vivienda de $2.295 millones.
Cronograma y formas de pago
La diferencia arrojó un saldo de $212.152 millones a favor de la Nación. El cronograma de pagos estipula una tasa nominal anual del 15% y establece que los fondos estarán garantizados mediante retenciones de la Coparticipación Federal de Impuestos.
La cancelación se estructuró en tres tramos. Primero, la administración provincial afrontará un pago único de $8.434 millones el último día hábil de diciembre. Luego, una etapa de $97.500 millones divididos en cuatro cuotas mensuales y consecutivas, con vencimiento inicial el último día hábil de agosto de 2026. Finalmente, el último tramo de $106.217 millones se cancelará en siete cuotas mensuales y consecutivas desde fines de junio de 2027. Según cálculos oficiales, este esquema generará un beneficio financiero por diferimiento equivalente a $7.677 millones.
Acuerdos judiciales y control operativo
El entendimiento incluye un capítulo judicial mediante el cual Mendoza asume el compromiso de desistir de dos demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia contra la Nación.
El litigio inicial corresponde a la inconstitucionalidad del Decreto 473/2023, referido a modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. El segundo expediente cuestiona el Decreto 756/2018, normativa que dispuso la eliminación del Fondo Federal Solidario o FOFESO. Los procesos judiciales finalizarán bajo la modalidad de costas por su orden causado.
Para garantizar el cumplimiento vial, Vialidad Nacional monitoreará el avance de los trabajos. Cualquier incumplimiento de Mendoza en los convenios de obra derivará en la anulación proporcional del monto compensado y habilitará retenciones sobre los recursos coparticipables. Además, el gobierno provincial remitirá informes periódicos al Ministerio de Economía nacional para detallar el estado de las finanzas locales, como el nivel de endeudamiento y gasto público. El acuerdo comenzará a regir formalmente una vez que ambas cámaras provinciales aprueben el proyecto.
