El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, emitido por el presidente Javier Milei, ha generado un intenso debate político. Busca autorizar al Ejecutivo a avanzar unilateralmente hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin detallar aspectos clave como el monto, la tasa de interés, las fechas de vencimiento ni las condicionalidades pactadas.
La medida ha sido duramente criticada por diversos sectores, incluyendo al Partido Justicialista Nacional (PJ), que ha emitido un comunicado rechazando enérgicamente el decreto. El peronismo y sus aliados no llega con los diputados que contienen al número necesario de votos para voltear el DNU del acuerdo con el FMI.
El PJ argumenta que el DNU vulnera la Ley 27.612, que exige que el Poder Ejecutivo remita al Congreso el texto completo y final de cualquier acuerdo con el FMI. Además, señala que el decreto contraviene el Artículo 75, Inciso 7, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad exclusiva de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". Según el comunicado del PJ, permitir que el Ejecutivo avance sin la aprobación legislativa sería equivalente a otorgarle "facultades extraordinarias", algo explícitamente prohibido por el Artículo 29 de la Constitución.
Contexto negativo
El contexto político agrava aún más la situación. Argentina enfrenta su segundo año consecutivo sin un presupuesto aprobado, lo que limita la capacidad del Congreso para autorizar montos de endeudamiento. En este escenario, el PJ advierte que aprobar el DNU sería un acto de irresponsabilidad política y una violación al sistema normativo nacional.
Por otro lado, los defensores del decreto argumentan que la medida es necesaria para garantizar la estabilidad económica del país y evitar un colapso financiero. Sin embargo, esta postura ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición, que exige mayor transparencia y un debate legislativo amplio.
El comunicado del PJ concluye con un llamado a los legisladores a rechazar el DNU y cualquier operación de crédito que se realice "a espaldas del pueblo argentino". Este posicionamiento refleja no solo una crítica al gobierno de Milei, sino también una defensa de los principios democráticos y constitucionales.
En definitiva, el DNU 179/25 no solo plantea interrogantes sobre la política económica del país, sino que también pone en juego cuestiones fundamentales sobre la división de poderes y el respeto al marco legal. El desenlace de este debate será crucial para definir el rumbo político y económico de Argentina en los próximos meses.
