Por Hernán Dearriba
Para Tiempo Argentino
A partir de la privatización de YPF, Repsol ideó un proceso de vaciamiento de la empresa argentina para transformarse con esos fondos en una petrolera de escala mundial, redujo a la mínima expresión las reservas de gas y petróleo y anuló los planes estratégicos de exploración en el país, además de ocasionar un daño ambiental difícil de mensurar.
Ahora, pretende obtener una indemnización multimillonaria en resarcimiento por la nacionalización de parte de la compañía y para alcanzar semejante despropósito designó como mediador ante el CIADI (el organismo de resolución de controversias del Banco Mundial) a Francisco Orrego Vicuña, un ferviente defensor del dictador chileno Augusto Pinochet que ya emitió varios fallos escandalosos contra el país en ese tribunal arbitral.
Orrego Vicuña fue representante de la dictadura chilena en las frustradas negociaciones con la Argentina por el diferendo del Canal de Beagle que dejaron a ambos países al borde del conflicto armado, defendió a Pinochet como embajador trasandino en Londres y presidió tres tribunales del CIADI cuyos fallos negativos contra la Argentina (que condenaban al país a pagar 472 millones de dólares) fueron anulados por haber cometido serios errores de derecho y omisiones importantes.
Si la propuesta del mediador chileno por parte de Repsol debe entenderse como un claro desafío de la demandante al país, la designación que efectuó el Banco Mundial, de Claus von Wobeser como presidente del tribunal, es la demostración palmaria de que el CIADI está hecho a la medida de las empresas que litigan contra los Estados nacionales de los países en vías de desarrollo alrededor del mundo.
Von Wobeser, encargado de dictaminar en el caso YPF, tuvo en el pasado y mantiene actualmente compromisos laborales y múltiples vinculaciones con el estudio de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer, que defienden nada más y nada menos que a Repsol en la demanda contra la petrolera nacional. Para decirlo más claro, el presidente del tribunal es empleado de los abogados de la empresa española. El tribunal se completa con la francesa Brigitte Stern, propuesta por la Argentina.
Frente a semejante panorama, el Estado argentino impugnó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones la designación de Orrego Vicuña y Von Wobeser, y dejó así al descubierto un aceitado mecanismo de relojería pensado para la defensa irrestricta de los intereses concentrados de las multinacionales, que incluye a jueces y árbitros que cobran fortunas y estudios jurídicos recurrentes dispuestos a hacer pingües ganancias en pleitos contra los Estados.
El 29 de julio pasado, la República Argentina presentó ante el CIADI los fundamentos de recusación de Orrego Vicuña y Von Wobeser, un documento de 36 páginas –al que tuvo acceso Tiempo Argentino– cargadas de argumentos legales y políticos en contra del mediador propuesto por Repsol y del presidente del tribunal designado por el Banco Mundial en la causa ARB/12/38, en la que la petrolera española demandó al país por la estatización del porcentaje mayoritario de las acciones de YPF.
El planteo del Estado Nacional sostiene que la designación de Orrego Vicuña "constituye una verdadera ofensa contra la República Argentina" y destacó que la anulación de tres fallos dictados por la misma persona por parte de comités ad hoc "no tiene antecedentes en la historia del CIADI".
Orrego Vicuña falló contra la Argentina en las causas iniciadas por CMS –por la pesificación de las tarifas de Transportadora de Gas del Norte (TGN) que implicó una demanda por 133 millones de dólares–, por la petrolera estadounidense Enron –a raíz de la misma causa por Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la que condenó al país a pagar 167 millones de dólares– y por Sempra a raíz de los casos de Sodigas Pampeana y Sodigas Sur en el que ordenó a la Argentina pagar 172 millones de dólares.
En el caso de CMS, el estudio de abogados que representó a la demandante fue, casualmente, Freshfields, el mismo que patrocina ahora a Repsol en la demanda contra YPF. Ese fallo fue anulado por uno de los comités ad hoc más prestigiosos de la historia del CIADI, integrado por Gilbert Guillaume (ex presidente de la Corte Internacional de Justicia); James Crawford, uno de los profesores de Derecho Internacional más reconocidos del mundo; y Nabil El Araby, ex miembro de la Corte Internacional de Justicia y de la Comisión de Derecho Internacional que le dieron la razón a la Argentina.
Esos eruditos de la justicia internacional cuestionaron no una sino tres decisiones del tribunal presidido por Orrego Vicuña al considerar que en su fallo había "errores y vacíos" y que el tribunal había aplicado el artículo XI del Tratado Binacional de Inversiones entre Argentina y los Estados Unidos "en forma ambigua y defectuosa". El juez chileno nunca aceptó el argumento del estado de necesidad bajo el Derecho Internacional que invocó la Argentina como consecuencia de la crisis de 2001-2002, y también desconoció la letra del artículo XI del Tratado Bilateral de Inversiones entre el país y los Estados Unidos.
"Ningún observador imparcial sugeriría que el señor Orrego Vicuña puede inspirar plena confianza en su imparcialidad para juzgar a la parte que solicitó y obtuvo esas tres anulaciones", sostiene el Estado argentino en su presentación para justificar la impugnación del designado presidente del tribunal arbitral que debe fallar en la demanda planteada por Repsol.
Pero el caso es más grave, porque en su descargo, luego de los pedidos de nulidad, Orrego Vicuña se refiere despectivamente a la Argentina y argumenta que no debe hacerse lugar al planteo del país referido al estado de necesidad porque la República enfrentó crisis recurrentes a lo largo de su historia.
A los sobrados argumentos jurídicos, los representantes argentinos sumaron los políticos y la vinculación de Orrego Vicuña con la sangrienta dictadura de Pinochet. El presidente del tribunal fue integrante de la dictadura trasandina entre 1973 y 1989, pero diez años después, en 1999, argumentó en Londres a favor de Pinochet para evitar la extradición del genocida desde Gran Bretaña a España. Allí, advirtió al gobierno británico que si accedía al pedido de la justicia española, podría desatar un cambio en la política chilena sobre Malvinas, hasta entonces favorable a los intereses de la Corona (ver aparte).
Además, en un documento secreto al que tuvo acceso el gobierno argentino, se revela que Orrego Vicuña justificó violaciones masivas de los Derechos Humanos. Por eso, los representantes del Estado Nacional sostienen que en este caso se configura "la carencia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado 1 del Artículo 14" para adoptar una recusación, y sostiene que una institución como el CIADI "jamás podría admitir que alguien que ha justificado violaciones masivas de Derechos Humanos y además violaciones del Derecho Internacional general contra un país, pretenda ahora juzgarlo".
En la misma impugnación, la Argentina recusó al designado presidente del tribunal arbitral, el mexicano Claus von Wobeser, por sus vínculos con el estudio de abogados que patrocina a Repsol en la demanda.
Los representantes del Estado enviaron en tiempo y forma las objeciones a la designación de Von Wobeser, pero la Secretaría General del CIADI alegó que las recibió un día después (pese a que los representantes de Repsol dieran cuenta del cumplimiento de las fechas) y confirmó el nombramiento del abogado mexicano sin publicar los argumentos requeridos por la representación argentina.
El argumento del Estado sobre la impugnación es que Von Wobeser "fue designado como árbitro en años recientes por el demandante (el estudio Freshfields Bruckhaus Deringer) en un caso contra la Argentina, caso que además involucraba medidas que seguramente entrarán en el análisis del Tribunal" en esta demanda.
Argentina ya había objetado en varias oportunidades los reiterados e insistentes intentos del CIADI por nombrar a Von Wobeser en casos que involucran al país, por lo que el organismo no podía desconocer esa posición.
Para colmo, Von Wobeser intentó esconder esos vínculos y no fue hasta un requerimiento efectuado por la Argentina que el abogado reconoció en una nota del 10 de junio pasado, que había participado de un arbitraje entre una empresa de telecomunicaciones y el Estado mexicano, representando a la parte demandante junto al bufete Freshfields Bruckhaus Deringer, letrado de Repsol en la demanda contra YPF. Von Wobeser también participó como árbitro en un tribunal y como conciliador en dos casos ante el CIADI, siempre designado por Freshfields.
Ese estudio de abogados maneja alrededor de 280 casos en el CIADI, 100 de los cuales son arbitrajes de inversión, lo que hace más sospechoso aun el dato de que dos de los tres integrantes del tribunal –lo que garantiza la mayoría para obtener un fallo– tengan vínculos indisimulables con esa firma.
La gravedad de las impugnaciones que explicitó la Argentina develan, además, la existencia de una trama que parece armada a la medida de un fallo condenatorio del país, que pone en juego no sólo una indemnización millonaria por 10.500 millones de dólares, sino la capacidad del Estado Nacional de tomar una decisión soberana, aprobada por su Parlamento y que tiene un caracter estratégico para la recuperación de la soberanía energética. «
Las razones de la impugnación
Vínculos con el estudio de abogados de Repsol: tanto Francisco Orrego Vicuña como Claus von Wobeser reconocieron que actuaron en mediaciones como representantes de parte designados por el estudio Freshfields Bruckhaus Deringer que patrocina en este caso a Repsol.
Los fallos anulados: Orrego Vicuña cuenta con el raro privilegio de ser el único presidente de un Tribunal del CIADI al que se le han anulado por irregularidades tres resoluciones de conflictos. En los tres casos la resolución perjudicaba a la República Argentina.
Las violaciones a los Derechos Humanos: el abogado chileno justificó las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura chilena (de la que fue parte), e hizo lo mismo con la violación a las leyes internacionales por parte de Pinochet en beneficio de Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas.
Cesión de soberanía y reclamos judiciales
Luego de 20 años, el Congreso Nacional aprobó en mayo de 2012 la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF en manos de la española Repsol. En Diputados, el Frente para la Victoria y sus aliados consiguieron los votos necesarios para sancionar el proyecto de ley del Ejecutivo, mientras que rechazaron la iniciativa las diputadas Elisa Carrió, Patricia Bullrich, los legisladores del PRO y el peronismo disidente, que hoy no ahorran expresiones de respaldo al Frente Renovador de Sergio Massa.
El Estado argentino ofreció una indemnización que fue rechazada por la española Repsol, que acudió al Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, con un reclamo de 10.500 millones de dólares.
El CIADI fue creado en 1965 como un tribunal para que las empresas privadas puedan litigar contra las naciones. La Argentina recién adhirió en la década del '90, pero es el país que tiene más casos cerrados en ese organismo, con 24 sentencias, seguido de lejos por México con 13, Ecuador, El Congo y Egipto.
A la fecha hay todavía otros 24 casos pendientes de resolución en los que está involucrado el país, como consecuencia del estallido que provocó la crisis de 2001 y generó demandas por congelamiento de tarifas, los famosos cambios en las reglas del juego y expropiaciones de varias empresas multinacionales.
En los hechos, la adhesión al CIADI implica una cesión de soberanía, porque los estados firmantes, aceptan que cualquier demanda contra el Estado sea dirimida fuera de la justicia nacional. Su jurisdicción surge de los convenios sobre protección a las inversiones extranjeras suscriptos por países exportadores y receptores de capitales que en la Argentina crecieron como hongos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Brasil nunca aceptó la existencia del organismo, mientras que Bolivia, Ecuador y Venezuela renunciaron al organismo en 2007, 2010 y 2012.
