El Estudio de Impacto Ambiental que presentó Alfredo Cornejo como mascarón de proa para todo Malargüe Distrito Minero Occidental -publicado en la página de Impulsa Mendoza- omite a la Ley 7722 entre las normas de referencias que se tendrán en cuenta para dinamitar la cordillera en busca de oro y cobre.
Malargüe Distrito Minero Occidental tiene una superficie de 2.022.976 hectáreas, de las cuales 703.432 son propiedades mineras. Casi un 35% del total del área que Impulsa Mendoza S.A. pretende hacer pasar en un solo Informe de Impacto Ambiental en la Legislatura, y que servirá de puerta de entrada de unos 70 proyectos.
Tal como ocurrió con la avanzada del Código de Procedimiento Minero, que convirtió en letra muerta a la ley -llamada "guardiana del agua" por los asambleístas y "antiminera" por los lobbistas- al tomar como leyes de referencia al Código de Minería de la Nación, en el estudio de impacto de El Seguro se lee:
#El presente estudio toma como base la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, la Ley N° 24.585 de la Protección Ambiental para la Actividad Minera (modificatoria del Código Minero Nacional -Ley N° 1919-), Ley General del Ambiente de la Nación N° 25.675, y demás normas de presupuestos mínimos vigentes. Además, se tiene en consideración la Legislación de la Provincia de Mendoza, en especial, la Ley General del Ambiente N° 5.961 y su decreto reglamentario N° 820/06, y demás normativa vigente".
En ninguna parte del estudio de impacto se menciona el cumplimiento de la 7722. Y la omisión a la mención no es casual: el propio Gobierno admitió en boca del director de Minería y denunciador de asambleístas Jerónimo Shantal que desconoce si el cobre que atesora la cordillera podrá extraerse bajo los parámetros prohibitivos de la 7722 o, por el contrario, deberán usar lixiviación con sustancias químicas vedadas por esa ley.
Aunque se la mencionara, no obstante, la aprobación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), da por tierra con leyes que vayan en contra de las apetencias de grandes proyectos mineros.
Dice el artículo 165 del RIGI: "Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por si y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá en forma inmediata, impedir su aplicación”
Postergación de la audiencia pública
El Gobierno postergó la audiencia pública por Malargüe Distrito Minero Occidental, uno de los trámites, aunque no vinculante, para hacer pasar de una sola vez en la Legislatura la aprobación de 34 informes de impacto ambiental. Así, en lugar de discutir el impacto uno por uno de los proyectos mineros, se discutirá un paquete.
La postergación se dio en simultáneo a la presentación de un plan de adoctrinamiento prominero para las escuelas que el Gobierno promociona como parte de su embestida para torcerle el brazo a la resistencia social a la megaminería metalífera.
Con plata del CFI, Cornejo lanza un plan de adoctrinamiento prominero para las escuelas
Este es el proyecto de impacto de El Seguro que presentó el Gobierno:
