Mientras diseña junto a la israelí Mekorot un Código de Aguas para determinar cuánto de los ríos entrega a las mineras, Alfredo Cornejo sumó la pata privatizadora del Banco Mundial a la administración del recurso hídrico. Una misión encabezada por David Michaud, gerente de la Práctica Global de Agua para América Latina y el Caribe, desembarcó en Mendoza para analizar posibilidades de negocios en el rubro.
En contexto del impulso a un Código de Aguas y el embate minero que permitirá a grandes empresas llevarse el oro y el cobre de la cordillera, el Banco Mundial estudia por estas horas la posibilidad de meterse en inversiones públicas. Todo bajo el marco de sumar "asesoramiento y asistencia técnica en materia de proyectos hídricos y de agua y saneamiento", dijeron voceros de la reunión, que se hizo este jueves en Casa de Gobierno.
El Banco Mundial defiende la la tesis de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua, es tratándola como un producto más del suelo y del subsuelo, que como el cobre, el oro y el petróleo, debe ser explorado y desarrollado por capitales privados que tengan el aliciente de la ganancia para animarse a invertir.
Al Banco Mundial le interesa analizar la posibilidad de hacer negocios con "la cartera de posibles proyectos de inversión pública y con participación privada y el esquema de repago de obras". Repago es la palabra que usa el Gobierno de Mendoza para hablar de peajes y tarifas más caras.
El objetivo del Banco en esta misión en Mendoza es analizar cómo puede tener injerencia en el esquema de repago de obras. "También se puso el foco en la identificación de proyectos que posibiliten la atracción de inversores privados y en el fortalecimiento de los procesos de priorización de iniciativas", señalaron los voceros de Cornejo.
Aprobación del RIGI
La visita del Banco Mundial con intención privatizadora ocurre tras la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Senado.
Las mineras que vengan a llevarse el cobre y el oro de la cordillera de Mendoza no pagarán impuestos provinciales, podrán dejar sus dólares en el exterior, no estarán obligadas a transferir tecnología a empresas locales y en el caso de que se quiera revertir esto en futuros gobiernos los juicios y controversias se resolverán en el exterior, mediante el CIADI, donde Argentina es el país con mayor cantidad de demandas, y ha perdido todas.
