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Este martes 26 de mayo, una delegación de Mujeres Autoconvocadas de General Alvear – Cultura 7722 se movilizará hacia la Legislatura de Mendoza para exponer sus objeciones al Proyecto Don Luis y otros, un emprendimiento de prospección y exploración de litio en el sur provincial. El proyecto está en manos de la australiana Ampere Lithium y su subsidiaria local, El Jarillar S.A.
El Gobierno de Mendoza envió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto a la Legislatura en abril de 2026. El Proyecto aún no obtuvo dictamen de comisión para pasar al recinto: actualmente sigue en análisis en las comisiones de la Legislatura.
El emprendimiento, impulsado por Cordillera Ventures, Eduardo Piñero y El Jarillal S.A., abarca una superficie de 230.000 hectáreas (2.340 km²), equivalente a un departamento entero de Mendoza, señalan en la denuncia. En la comparación territorial que realizaron, se ubica como el octavo más grande de la provincia, superando a Rivadavia y apenas por debajo de Tupungato.
Las asambleas sostienen que esta dimensión convierte al proyecto en un caso de especial relevancia, con impactos potenciales sobre cuencas hídricas, áreas protegidas y comunidades locales.
Objeciones legales
Uno de los principales cuestionamientos es la aplicación de la Ley 7722, norma central de la política ambiental mendocina. Según los documentos presentados por las organizaciones, el expediente trata como una sola las etapas de prospección y exploración, cuando la ley exige informes y aprobaciones diferenciadas para cada fase.
Además, el artículo 5 de la misma ley establece la participación de todos los municipios de la cuenca involucrada. Sin embargo, el departamento de General Alvear no emitió dictamen sectorial, pese a que el proyecto atraviesa el río Atuel, recurso vital para la región.
Observaciones técnicas y ambientales
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNC) realizó un análisis del Informe de Impacto Ambiental y señaló respuestas insuficientes en aspectos como cantidad de perforaciones, apertura de caminos y definición de depósitos.
El proyecto también involucra zonas de alto valor ecológico, como la Reserva Natural Laguna Las Salinas y el sitio Ramsar Laguna Llancanelo, protegido internacionalmente. Los mapas presentados no permiten determinar con claridad si el emprendimiento invade sectores protegidos. A esto se suman contradicciones sobre la profundidad de los pozos: algunos informes hablan de perforaciones de 90 a 140 metros, mientras otros mencionan hasta 600 metros.
Otro punto crítico es la ausencia de relevamiento sobre el Observatorio Pierre Auger, con más de 1.600 detectores instalados en la zona, y la falta de dictámenes científicos clave, como el del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA).
La voz de las comunidades
Las organizaciones también denuncian un relevamiento social insuficiente. Mientras la Municipalidad de Malargüe reconoce la presencia de los lof Yanten Florido y Epv Levfv, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sostiene que no existen comunidades superpuestas. Esta contradicción refuerza la necesidad de estudios más completos.
El comunicado de prensa difundido por las asambleas resume la preocupación:
“El Atuel nos necesita. El agua de Mendoza no se negocia. Defendemos la Ley 7722.”
Una decisión en disputa
La Legislatura mendocina deberá decidir si aprueba la DIA del Proyecto Don Luis en medio de estas denuncias, aunque otros proyectos igualmente denunciados, y con resistencia social masiva, como San Jorge, avanzaron con la mayoría abrumadora del oficialismo en ambas cámaras.
Para las empresas, se trata de un paso necesario para avanzar en la exploración de litio, recurso estratégico en el mercado global. Para las asambleas, en cambio, el expediente presenta irregularidades legales y técnicas que ponen en riesgo el agua y los territorios.
La protesta del 26 de mayo se inscribe en la larga tradición mendocina de movilización social en defensa de los bienes comunes.
