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El Gobierno de Mendoza coló en la capacitación obligatoria de la Ley Yolanda para los empleados públicos un capítulo sobre las "bondades" de la mineríaextrativa de cobre, oro y litio y del pan minero ideado por Alfredo Cornejo para cambiar la matriz productiva de la Provincia. La situación fue denunciada por directoras de escuela en foros y chats educativos.
La Ley Yolanda establece la capacitación obligatoria en temáticas ambientales para quienes integran la administración pública. En Mendoza, el gobierno provincial avanzó en su implementación con un cronograma que abarca a todas las dependencias. En esta etapa, fue el turno de las y los docentes, incluyendo directoras de escuela.
El material oficial de la capacitación en cuestión aborda eficiencia energética, energías renovables y la matriz provincial. Sin embargo, el apartado más controvertido es el dedicado a los minerales críticos, donde se pondera a Mendoza como proveedor mundial sin abordar los conflictos sociales devenidos. Allí se plantea que “un sistema de energía renovable requiere hasta cinco veces más cobre que uno convencional” y que el litio es indispensable para el almacenamiento de energía en baterías.
El texto subraya que Mendoza posee un “potencial geológico excepcional” y que, bajo estándares ambientales y control estatal, puede convertirse en proveedor estratégico de insumos para combatir el cambio climático. Se incluye además un video institucional titulado “Minería Argentina: hacia la transición energética”, reforzando la idea de que la actividad extractiva es parte de la solución ambiental.
En el video se entrevista a gobernadores que intergran la Mesa del Cobre junto con Alredo Cornejo y la Mesa del Litio, que integran las provincias del norte.
Capacitación para un modelo de enclave
La línea de propaganda del plan minero no se limita a las aulas. En paralelo, el oficialismo mendocino expone en foros internacionales —como la London Stock Exchange— y locales —como el Mines & Wines en la Bolsa de Comercio de Mendoza— que la combinación de demanda global de minerales críticos y seguridad jurídica coloca a la provincia en posición privilegiada para captar financiamiento.
Sin embargo, asambleas socioambientales y sectores académicos advierten que este avance ignora la crisis hídrica histórica de la región. El cuestionamiento central es que las modificaciones normativas para agilizar proyectos mineros reducen los controles sobre el agua, recurso vital y escaso que compite directamente con la vitivinicultura y el consumo humano.
El caso del proyecto PSJ Cobre Mendocino, estratégico por su cercanía a la Ruta Nacional 7 y por ser el primero en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), concentra ls alabanzas del Gobierno y las críticas de asambleas socioambientales. Informes técnicos sostienen que las exenciones impositivas y cambiarias del RIGI desmantelan la capacidad provincial de retener valor agregado.
La libre disponibilidad de divisas y la importación de insumos sin aranceles, señalan, consolidan un esquema de economía de enclave: zonas de alta rentabilidad extranjera conectadas directamente con puertos chilenos para exportar materia prima en bruto, dejando en el territorio pasivos ambientales y escaso empleo genuino.
El costo fiscal del RIGI
La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias (del 35% general al 25%, e incluso al 15% bajo las recientes normativas del denominado “SuperRIGI”), la eliminación total de los Derechos de Exportación (retenciones) a partir del segundo o tercer año, la exención de aranceles de importación para bienes de capital y el costo financiero que asume el Estado al devolver de forma inmediata el IVA de la construcción mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF) implicarán que Mendoza deje de percibir varios millones de dólares al año.
Una ley como herramienta de propaganda
La capacitación en Ley Yolanda, pensada como herramienta de formación ambiental, se convirtió en Mendoza en un terreno de disputa política y social.
La llegada del módulo minero a las escuelas revela cómo la educación ambiental puede ser resignificada para legitimar proyectos extractivos. Al mismo tiempo, la estrategia oficial se enlaza con un modelo de enclave económico que promete inversiones rápidas pero deja abiertas preguntas sobre agua, empleo y soberanía.
