Tiempo estimado de lectura: 3 minutos, 47 segundos
Los centros de datos que sostienen el avance de la inteligencia artificial enfrentan rechazo en países desarrollados mientras Argentina busca atraer proyectos de hiperescala con incentivos y vacíos regulatorios. Es evidente la contradicción entre la oposición social en los centros de poder y la estrategia para la radicación de plantas de Javier Milei.
El gobierno argentino impulsa el Súper RIGI, que prevé una fenomenal transferencia de recursos del Estado a las compañías que alojen en el país las instalaciones que rechazan cada vez más enfáticamente los habitantes de los países centrales, fundamentalmente los de Estados Unidos.
En varias jurisdicciones de Europa, Asia y Estados Unidos, la instalación de centros de datos para IA se ha convertido en un asunto público. Las quejas ciudadanas se centran en el consumo de agua y electricidad, la huella ambiental, la opacidad de las negociaciones y la contaminación sonora asociada a los sistemas de refrigeración.
Las autoridades de países con marcos regulatorios avanzados han respondido con medidas concretas: límites de eficiencia energética, auditorías de diseño, medición en tiempo real y sanciones administrativas.
Alemania, por ejemplo, exige que los nuevos centros alcancen un PUE máximo de 1.2 en sus primeros dos años y aplica multas por incumplimiento; la Unión Europea obliga a reportar PUE, WUE y tasas de reutilización de calor para instalaciones sobre 500 kW. Estas exigencias buscan que la eficiencia energética no oculte consumos hídricos o emisiones de carbono.
Una encuesta de Gallup, la famosa multinacional de los sondeos de opinión, recién difundida planteó que el 71% de los estadounidenses no quieren un data center en su ciudad, "Lo quieren lo más lejos posible. ¿Qué es lo más lejos posible?: Argentina", reflexionó el periodista especializado en Economía, Alejandro Bercovich.
Argentina: incentivos y vacío regulatorio
Mientras en varios países se endurecen las reglas, Argentina aparece como destino de proyectos de gran escala. El proyecto más destacado entre los anuncios es Stargate Argentina, en Neuquén, motorizado por una alianza entre la desarrolladora Sur Energy y OpenAI, con una inversión de hasta 25.000 millones de dólares, según los impulsores, para un campus de 500 megavatios.
La elección de la Patagonia responde al clima frío, la disponibilidad de espacio y energía limpia, además de los súper beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios, como así también la libre disponibilidad de utilidades, durante 30 años, que ofrece el plan de atracción de Milei.
A diferencia de Brasil y Chile, que han implementado marcos regulatorios y exigencias de energía sustentable, Argentina no cuenta con leyes nacionales que fijen límites de PUE o WUE para centros de datos ni contará con instrumentos de ese tipo mientras Milei mantenga el poder de fuego legislativo demostrado hasta ahora y el guiño de la Justicia para sus políticas más impactantes.
El único régimen aplicable en muchos casos es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece exenciones fiscales y aduaneras sin imponer condiciones de eficiencia ecológica ni monitoreo obligatorio de métricas ambientales. Las autoridades provinciales han reconocido públicamente la falta de un marco moderno para evaluar estas infraestructuras.
“Chantaje de locación”
Las tácticas de negociación empleadas por las grandes tecnológicas aprovechan la competencia entre países para obtener condiciones favorables. Entre las prácticas señaladas están la exigencia de exenciones fiscales a largo plazo, contratos de energía a tarifas preferenciales, permisos de extracción de agua con prioridad legal y acuerdos de confidencialidad que limitan la transparencia pública.
En Argentina, la aprobación del RIGI facilitó negociaciones como la de Stargate, al ofrecer estabilidad fiscal por 30 años y aranceles de importación en 0%.
Estas condiciones generan un intercambio asimétrico: los gobiernos obtienen inversión y mejoras en infraestructura durante la fase de construcción, mientras que la creación de empleo permanente y la recaudación fiscal a largo plazo suelen ser limitadas. Un centro de datos típico requiere cientos de trabajadores en la construcción, pero solo entre 30 y 100 empleos fijos en operación. Además, las exenciones fiscales pueden reducir significativamente los ingresos tributarios locales.
Los proyectos de hiperescala aportan capital de construcción, modernización de redes eléctricas y conectividad, y pueden atraer ecosistemas tecnológicos que benefician a otros sectores. La presencia de proveedores globales reduce la latencia para empresas locales y mejora la infraestructura digital del país. No obstante, hay costos que no siempre se contabilizan: presión sobre recursos hídricos en regiones con estrés, subsidios eléctricos que superan los retornos fiscales y la posibilidad de que la mayor parte del valor agregado lo capten las corporaciones que operan la infraestructura.
Geopolítica y concentración de la infraestructura global
A nivel mundial, la infraestructura de centros de datos está concentrada en un reducido grupo de países y empresas. Estados Unidos alberga casi el 45% de la capacidad global, con más de 5.400 centros operativos; las Tres Grandes de la nube —Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud— controlan una porción significativa del mercado y destinan inversiones masivas a infraestructura de IA. Estas empresas planean gastar cientos de miles de millones de dólares en 2026 para sostener su dominio.
Esa concentración tiene efectos geopolíticos: los hiperescaladores negocian condiciones con gobiernos y, al mismo tiempo, condicionan la localización de proyectos a factores regulatorios y fiscales. La competencia entre jurisdicciones puede derivar en una carrera por atraer inversiones que deje de lado consideraciones ambientales o sociales si no existen marcos regulatorios robustos.
Regulación versus cesión total
La expansión de la infraestructura necesaria para la IA plantea una disyuntiva: por un lado, la inversión y la modernización tecnológica; por otro, la preocupación por recursos naturales, emisiones y la falta de transparencia en las negociaciones.
En ese marco, la estrategia de Argentina de atraer proyectos de hiperescala mediante incentivos y la disponibilidad de condiciones naturales favorables entra en tensión con las prácticas regulatorias que se consolidan en otras regiones.
El desafío para los gobiernos es diseñar reglas que permitan aprovechar los beneficios económicos sin comprometer recursos ni la gobernanza pública. Nada de eso se tuvo en cuenta en el SÚPER RIGI, que transita el Congreso con todo dado para convertirse en Ley, gracias al inquebrantable apoyo que tiene Milei del Pro, la UCR y el amplio grupo de gobernadores alineados, entre los que se cuentan peronistas y provinciales, además de macristas y radicales.
