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El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), pieza central en la identificación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura, atraviesa una crisis institucional y presupuestaria que lo coloca en el centro de la escena política.
La alarma se encendió tras la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera inmediata la continuidad operativa del organismo. El fallo respondió a un planteo de fiscales especializados en delitos de lesa humanidad, que advirtieron sobre una “situación crítica” con riesgo de paralizar pericias indispensables en causas judiciales.
Limitaciones operativas
La conducción técnica del BNDG alertó que ya no puede sostener con normalidad varias de sus funciones. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de tomar nuevas muestras biológicas y dificultades logísticas para traslados y exhumaciones. A ello se suman problemas básicos de mantenimiento, limpieza y control de residuos, que en un laboratorio de estas características son esenciales para preservar la cadena de custodia de pruebas.
El trasfondo presupuestario
El conflicto tiene raíz en el financiamiento. Informes internos señalan que desde 2023 el Banco sufrió recortes superiores al 50% en términos reales, afectando tanto su funcionamiento como la dotación de personal. Para 2026, el crédito aprobado apenas cubriría poco más de la mitad de las necesidades, lo que pone en riesgo la continuidad de tareas esenciales. La política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno nacional incluyó además cambios en la estructura administrativa del organismo, profundizando el deterioro de sus capacidades.
Con la cautelar en marcha, el Ejecutivo evalúa asignar partidas adicionales para garantizar el funcionamiento en el corto plazo. Sin embargo, voces del sistema científico advierten que el problema excede lo coyuntural y responde a una tendencia de reducción sostenida en áreas sensibles.
Repercusiones en el Congreso
La crisis del BNDG ya repercute en el ámbito legislativo. Diputados de Unión por la Patria como Carlos Cisneros y Sergio Palazzo presentaron pedidos de informes, mientras que Eduardo Valdés exhortó al Ejecutivo a garantizar el funcionamiento del organismo mediante un proyecto de resolución. La diputada Cecilia Moreau también expresó su preocupación por la situación presupuestaria.
En el Senado, Fernando Salino y Carolina Moisés impulsaron un proyecto para derogar el decreto 351/25 que transforma al Banco, fundamentando la necesidad de preservar su autonomía e independencia. Una línea similar había seguido el diputado Daniel Gollán en 2025. También se sumaron iniciativas de la senadora Nora del Valle Giménez y de Wado de Pedro.
Mientras la oposición subraya que el BNDG constituye una política de Estado consolidada desde el retorno democrático, el oficialismo insiste en revisar la asignación de recursos en función del equilibrio fiscal.
Tratamiento en comisión
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, presidida por Horacio Pietragalla Corti, convocó a una reunión informativa para el jueves 28 de mayo. Allí estarán presentes Carolina Vilella, responsable del área jurídica de Abuelas de Plaza de Mayo; el genetista Víctor Penchaszadeh, creador del “índice de abuelidad”; y Guillermo Pérez Roisimblit, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. El objetivo será analizar la crisis del Banco y sus posibles salidas.
ADN y prioridades estatales
El debate se da en paralelo a la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, convertida en ley en septiembre de 2024. Aunque con finalidades distintas, ambos sistemas comparten el uso del ADN como herramienta judicial. El BNDG fue creado para garantizar el derecho a la identidad en delitos de lesa humanidad, mientras que los registros penales se orientan a la persecución de delitos, especialmente sexuales.
La diferencia es política además de técnica: el Banco se consolidó como política de Estado vinculada a memoria, verdad y justicia, mientras que los registros penales crecieron al calor de demandas de seguridad. Hoy, el contraste se potencia: mientras el BNDG enfrenta restricciones que amenazan su continuidad, las bases de datos criminales avanzan en la agenda legislativa.
Un impacto que trasciende la coyuntura
El deterioro del BNDG preocupa por sus implicancias inmediatas y de largo plazo. El organismo conserva decenas de miles de muestras biológicas y cumple un rol fundamental en la restitución de identidades. Cualquier interrupción podría afectar investigaciones judiciales y compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
La crisis abre un interrogante de fondo: ¿qué lugar ocupa hoy el derecho a la identidad en las prioridades públicas frente a la lógica del ajuste y la seguridad?
