Por 52 votos afirmativos y ninguna oposición directa, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que contempla un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la elevación del bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualización automática, y la transferencia de fondos a provincias con cajas previsionales no armonizadas. La votación, realizada parcialmente a viva voz por la caída del sistema electrónico, volvió a evidenciar el distanciamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, cuyo titular anticipó su decisión de vetar la norma.
“Este aumento se vuelve urgente, necesario, imprescindible”, sostuvo el senador Mariano Recalde, quien ofició de miembro informante por el Frente Nacional y Popular. Durante su exposición, criticó al oficialismo por intentar bloquear el tratamiento del proyecto y calificó de “cínicas” las maniobras dilatorias. “Cuando toca el momento de debatir, se van”, acusó.
La ley también incorpora la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, y avanza sobre un esquema de financiamiento que incluye la eliminación de exenciones fiscales, el ahorro por la quita de sobrecargos acordados con el FMI, y el redireccionamiento de partidas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), entre otros puntos tomados del dictamen elaborado por Encuentro Federal.
También salió la moratoria
En paralelo, se aprobó la prórroga por dos años de la moratoria previsional, con 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Esta iniciativa amplía el alcance del Plan de Pago de Deuda Previsional y había sido impulsada en la Cámara baja por Unión por la Patria, con un ajustado apoyo de 111 votos afirmativos.
La moratoria apunta a facilitar el acceso a jubilaciones para quienes, habiendo alcanzado la edad mínima, no reúnen los 30 años de aportes exigidos. “Siete de cada diez varones y nueve de cada diez mujeres que cumplen la edad jubilatoria no los tienen. Y no creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca”, remarcó Recalde. Aseguró que el sistema previsional fue progresivamente desfinanciado por exenciones impositivas y por “las políticas de condonación de deuda a empleadores que no realizaron los aportes”.
También defendió el derecho de las amas de casa a jubilarse a los 60 años: “Este proyecto de ley restablece esa edad, que había sido elevada a 65 durante el gobierno de Macri. Es un acto de justicia”, subrayó.
Para los libertarios todo es costo
Desde el oficialismo, el rechazo no tardó en llegar. Martín Menem advirtió que las medidas implicarían un costo fiscal de 12 mil millones de dólares (equivalente al 1,8% del PBI). En la misma línea, el jefe de Gabinete Guillermo Francos ratificó que “cualquier ley que rompa el equilibrio fiscal será vetada”.
Por su parte, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero cuestionó el abordaje parcial de la problemática previsional: “Si de verdad queremos ayudar a los jubilados, debemos resolver el problema de diez millones de trabajadores en la informalidad”, afirmó, y propuso eliminar todas las jubilaciones de privilegio “desde la primera hasta la última”.
