Organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y de Derechos Humanos convocaron a concentrarse este martes frente a la Legislatura de Mendoza, donde el Senado va a tratar el Código de Faltas que impulsa el gobierno y que pretende judicializar la protesta social e imponer penas ade forma discrecional, y a criterio del policía de turno o el juez. Entre otras cosas, se multaría, tras un proceso judicial, a quienes "ofendan a un funcionario público", a vendedores ambulantes que vociferen promocionando sus productos, a los limpiavidrios, entre otros.
Ofender en forma personal a un funcionario público tendrá una multa de $14.250 si así lo determina el juez. Si un niño o adolescente insulta a un docente al padre le costará $9500. Anunciar desastres, infortunios o peligros inexistentes, que llevará una multa de $1.900. También se multará "el utilizar las redes sociales para incitar a otras personas a provocar escándalos o tumultos en lugares públicos o abiertos al público". Virtualmente una ley mordaza como la que se impuso en España a pedido de Rajoy.
El Ejecutivo se vanagloria en sus comunicados oficiales de que "la iniciativa es extensiva a los tres poderes del Estado provincial". Y detalla sobre el artículo 46 del Código: “El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en razón de su cargo, incluidas las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Provincial o Nacional o representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país, será sancionado con multa”.
El proyecto original, que fue modificado por el repudio social y de ong, contemplaba en su artículo 126 hasta 30 días de prisión o el pago de una multa de $3000 para “la persona que transmitiere una enfermedad venérea o contagiosa” y una hospitalización inmediata para hacer los estudios médicos. La Fundación Huésped, entre otras instituciones, criticaron fuertemente este punto, que fue eliminado del proyecto.
La iniciativa calza como un guante en un momento de alta ebullición social no sólo por las reiteradas protestas que se viven en las calles por la situación económica , sino porque en Mendoza hay una resistencia al fracking y a los embates contra la Ley 7722, que impide la minería contaminante. Los ambientalistas han salido a las calles, rutas y plazas en repudio a Cornejo y sus funcionarios, que en campaña se opusieron al fracking.
"El próximo martes 2 de octubre a las 8.30 tenemos que estar todos en la Legislatura defendiendo la libertad de expresión del código mordaza, defender nuestros derechos a manifestarnos en defensa del agua pura contra el fracking, manifestarnos en defensa de la educación pública, contra los tarifazos y la corrupción", señalaron al respecto las Asambleas por el Agua Pura. "Luchemos por la libertad de expresión, derecho constitucional que el gobierno de Cornejo pretende censurar a través del código mordaza. Tenemos que estar todos en la legislatura desde las 8:30 hs el próximo martes 2 de agosto. Seamos miles para hacernos oír, ahora que podemos".
Emtre los que convocaron a la manifestación están, además, el Colectivo de familiares de víctimas de la violencia institucional y organismos de DD HH.
Las Asambleas emitieron un comunicado tras lo ocurrido en la anterior sesión legislativa, en la que la policía reprimió manifestantes que se oponían al proyecto en las afueras de la Legislatura:
