Por primera vez en 22 años, el Congreso argentino logró revertir un veto presidencial. Con 63 votos afirmativos y apenas 7 negativos, la Cámara Alta dejó firme la Ley de Emergencia en Discapacidad, desafiando el intento del Ejecutivo de bloquear una norma que garantiza derechos y prestaciones esenciales para más de 200 mil personas.
La sesión fue seguida con expectativa dentro y fuera del recinto. Cientos de personas con discapacidad, familiares y organizaciones sociales se congregaron en las inmediaciones del Congreso, en una vigilia cargada de tensión y esperanza. La votación no sólo marcó un hito institucional —el primero desde el veto rechazado a Eduardo Duhalde en 2003— sino también un fuerte mensaje político frente a la gestión de Javier Milei.
Fractura oficialista y respaldo opositor
El oficialismo libertario quedó aislado. Sólo logró el respaldo de la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, y del formoseño Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse con la Casa Rosada. El resto del PRO votó dividido, luego de que Mauricio Macri habilitara “libertad de acción” en una reunión virtual previa. El interbloque peronista, la UCR y fuerzas provinciales conformaron la mayoría que dejó sin efecto el veto.
Desde el Ejecutivo ya se trabaja en una estrategia para judicializar la ley, en lo que se interpreta como una maniobra dilatoria para estirar los plazos de implementación.
Qué establece la ley
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. Entre sus puntos centrales:
- 🔹 Actualización de prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023.
- 🔹 Reconocimiento de 200 mil contribuciones por invalidez, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- 🔹 Compatibilidad laboral para beneficiarios, siempre que no superen dos salarios mínimos.
- 🔹 Cancelación de deudas con prestadores y actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, según el índice de inflación del INDEC.
