El gobierno que asumirá en diciembre con el radical Alfredo Cornejo a la cabeza planteó en la Legislatura un proyecto para declarar a la provincia en emergencia fiscal. Fue presentado por el bloque legislativo de Cambiemos que esgrimió la necesidad de contar con la ley para poder ordenar las cuentas provinciales. Para los gremios de trabajadores estatales, se trata de una estrategia para anular las paritarias y los controles previstos para el gasto público.
"Considerando el crecimiento sostenido en los últimos dos años respecto de los gastos operativos correspondientes al Estado Provincial, en especial el incremento de la planta personal se denota necesario brindar instrumentos alternativos de pago y financiación que permitan honrar las obligaciones asumidas, tender al equilibrio presupuestario y a la administración eficiente del erario público, sin por ello desatender las necesidades fundamentales a todos los habitantes de la provincia de Mendoza". Con esa letra, el proyecto de los radicales transitará la tramitación legislativa con oposición de los sectores ligados a los trabajadores.
Cornejo y Francisco Pérez se pusieron de acuerdo en un principio sobre la necesidad de financiamiento para palear el déficit de medio año de gestión de cada uno. Con $5.800 millones ambos se arreglaban para terminar e iniciar bien las respectivas gestiones. El contexto político embarró el acuerdo de los gobernadores. Sin plata, el pacto cayó. Pérez salió a buscar efectivo para pagar sueldos y Cornejo fue a sondear prestamistas e inversores en Estados Unidos, mientras su tropa local hizo explícito un proyecto para suspender los mecanismos regulares de control y ejecución del presupuesto.
"La emergencia es un instrumento para evadir los controles sobre los gastos del Estado. Habilita a suspender paritarias, pero también a cesar contratos. Es un instrumento antidemocrático que habilita la corrupción", declaró Raquel Blas, de ATE, a Mitre Mendoza este miércoles.
"Hay que investigar qué pasó con los recursos de los mendocinos, encubre un pacto de impunidad. Cornejo no va a investigar a los que se van y va a tener tres años de impunidad porque el proyecto establece tres años de emergencia. Los problemas de Mendoza se van a resolver con menos corrupción, no con este tipo de instrumentos", agregó.
Y Víctor Dagfal, de SITEA, enfocó al mismo lugar: "Tienen que dejar de robar antes que recortar los salarios", sostuvo en una entrevista con LV10, este miércoles.
Luego ATE emitió un comunicado donde puntualizó que "resulta grave, que quienes hasta ayer cuestionaban los artículos de emergencia económica en el presupuesto nacional (aduciendo que en un gobierno democrático esto otorga impunidad y falta de controles en el Gobierno nacional) hoy borran con el codo lo que expresaban y buscan legalizar herramientas de discrecionalidad en el manejo del poder que violan preceptos elementales de la vida democrática y de la propia Constitución Provincial y Nacional"
Señalaron también que "lejos de aumentar los controles y rendir cuentas al pueblo de sus acciones, pretenden auto otorgarse credenciales que ahondan los manejos corruptos en el Estado. Endeudamiento caro que pagaremos todos; suspensión de todos los ámbitos democráticos reconocidos por los Pactos Internacionales y la Constitución Nacional como las paritarias; evasión de controles y de mecanismos de rendición de cuentas; impunidad para acordar pagos; no pagos o sobreprecios; otorgamiento de favores impositivos a los grupos económicos amigos; y hasta la posibilidad de suspender mecanismos licitatorios para avanzar en los negocios de los amigos privados con el Estado. Todo cabe en el proyecto de ley enviado a la Legislatura Provincial".
