Aunque la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) ha manifestado su apoyo general a las reformas laborales impulsadas por el Javier Milei y a su plan de despidos tarifazos y ajuste desde el inicio de su gestión, la entidad empresaria expresó su “preocupación por cinco artículos incluidos en el proyecto de Ley de Modernización Laboral”, que será tratado en breve en el Senado Nacional.
La UCIM, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y otras cámaras empresariales del país, anunció la puesta en marcha de un plan de trabajo para “contactar a los senadores representantes de cada provincia, solicitando que trabajen en consensuar la eliminación de estos artículos del proyecto”. La estrategia busca incidir en el debate parlamentario y evitar lo que consideran un retroceso en materia de negociación colectiva y representación institucional.
Artículo 126: la ultraactividad en riesgo
El comunicado señala que el artículo 126 “implica un grave retroceso en el sistema de negociación colectiva, al limitar la ultraactividad de los convenios colectivos”. Según la UCIM, esta disposición “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes, debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.
La entidad advierte además que la norma resulta “incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT”, al introducir una regresión injustificada en derechos laborales consolidados. La consecuencia, remarcan, sería “mayor imprevisibilidad y conflictos”.
Artículo 128: representación empresarial debilitada
Otro de los puntos cuestionados es el artículo 128, que según la UCIM “afecta gravemente la representación empresarial, rompe el principio de paridad entre las partes y establece un trato inequitativo y discriminatorio”. Mientras se sostienen los aportes obligatorios a favor de organizaciones sindicales, se prohíbe lo mismo para el sector empresario. Esto, advierten, “genera un claro y cierto debilitamiento institucional y coloca a la representación empresarial en una situación absolutamente dispar, poniendo en riesgo su existencia”.
Artículos 130 y 131: fragmentación normativa
El comunicado también rechaza los artículos 130 y 131, que “alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo”. La UCIM sostiene que estas disposiciones eliminarían la función ordenadora del convenio colectivo de actividad, al otorgar prevalencia a los convenios de empresa. El esquema propuesto, remarcan, “fragmenta el marco normativo de una misma actividad y habilitaría a diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas”, afectando el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” y generando conflictividad jurídica y social.
Artículo 132: discrecionalidad estatal
Finalmente, la UCIM cuestiona el artículo 132, que faculta a la autoridad administrativa a convocar la renegociación de convenios vencidos y suspender sus efectos. Según el comunicado, esto otorga “una discrecionalidad excesiva al Estado, generando un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores”, lo que derivaría en inseguridad jurídica y conflictividad.
Apoyo, pero sin que les toquen su quintita
La postura de la UCIM refleja la tensión entre el apoyo a una modernización laboral y la defensa de principios constitucionales y de representación institucional.
Mientras el Senado Nacional se prepara para discutir el proyecto, las cámaras empresariales buscan incidir en el proceso legislativo para evitar lo que consideran un debilitamiento de la negociación colectiva y un aumento de la conflictividad social.