Con la reforma laboral en marcha y el Estatuto del Empleado Público reformado para reducir al máximo derechos adquiridos, el gobernador Alfredo Cornejo habilitó a sus ministros para enviar notificaciones a los trabajadores estatales que alientan a la desafiliación gremial. Desde enero, agentes de salud comenzaron a recibir en sus domicilios una “Cédula de Notificación Personal” que, bajo el amparo de la Resolución N.º 744/25 del Ministerio de Gobierno y la Resolución N.º 4773/25 del Ministerio de Salud —aún no publicadas en el Boletín Oficial— les exige declarar si mantienen o rechazan la retención de la cuota sindical destinada a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El documento, cuya firma imprime el carácter de declaración jurada, obliga a cada agente a responder si confirma la retención, la rechaza por no estar afiliado o por haberse desafiliado. Además, abre la puerta a identificar otras retenciones voluntarias no consentidas, imponiendo la obligación de reclamar ante el titular del código de descuento. La cédula concluye con la exigencia de firma, aclaración, DNI y fecha.
Denuncia de prácticas antisindicales
La conducción de ATE Mendoza reaccionó con alarma. Para el gremio, el procedimiento constituye una maniobra de coacción destinada a debilitar la organización sindical.
“Son prácticas antisindicales y persecutorias que está llevando adelante el Gobierno de Cornejo contra los trabajadores, obligándolos, bajo presión y coacción, a firmar planillas para desafiliarse”, denunció el secretario general Roberto Macho. El dirigente convocó a los afiliados a no firmar ninguna planilla y a acercarse al sindicato en caso de haberlo hecho bajo presión.
Cientos de trabajadores notificados
ATE asegura que cientos de trabajadores, especialmente del sector salud, ya recibieron la carta. El gremio interpreta la medida como parte de un nuevo avance de la reforma laboral provincial, impulsada por Cornejo junto a sus ministros y la Contaduría General de la Provincia. “Tenemos que seguir adelante para lograr la apertura de paritarias, el cambio de régimen para los licenciados, el pago del Fondo Estímulo, el pase a planta permanente y no claudicar frente a estos ataques desesperados”, subrayó Macho.
Denuncias judiciales en marcha
La organización sindical informó que ya se han presentado más de 35 denuncias penales, laborales y civiles. El secretario de Comunicación, Roberto Podio, adelantó que el equipo jurídico prepara nuevas presentaciones para recurrir las resoluciones ministeriales. Los casos se concentran en hospitales como el Central, el Lagomaggiore y el Gailhac, donde los trabajadores aseguran haber recibido la cédula en sus domicilios.
Advertencia de laboralistas
La gravedad del escenario fue señalada también por Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. “El Gobierno de Mendoza facultó a todos los ministerios para que le pregunten a cada empleado público si está dispuesto a que se le continúe descontando la cuota sindical, como si ya rigiera la reforma. Están avanzando en este sentido”, advirtió. Cremonte recordó que ya existen telegramas de despido en los que se invocan artículos que serían modificados si la reforma laboral se aprueba, lo que a su juicio constituye un adelantamiento irregular de sus efectos.
Un conflicto en expansión
El envío masivo de cartas a estatales se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno provincial y los gremios. Para ATE, la ofensiva busca desfinanciar a las organizaciones sindicales y limitar su capacidad de resistencia frente a la reforma laboral. El gremio insiste en que la medida reproduce prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia reciente, cuando la persecución sindical era política de Estado. En paralelo, los abogados laboralistas advierten que la estrategia oficial podría abrir un escenario de litigiosidad creciente, con cientos de causas acumulándose en los tribunales provinciales.