La minería argentina ha trascendido los balances contables para instalarse definitivamente en los despachos donde se define la alta política global. En un giro que redefine las alianzas estratégicas del Cono Sur, el cobre de Mendoza y de la vecina San Juan se han convertido en activos críticos para el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Lo que antes era una discusión sobre exportaciones y regalías, hoy es un asunto de seguridad nacional en el marco de la competencia entre potencias.
La relevancia de este cambio de paradigma quedó sellada con la participación del canciller Pablo Quirno en el encuentro inaugural sobre minerales críticos convocado por la administración de Donald Trump. El cónclave, liderado por el flamante secretario de Estado, Marco Rubio, busca establecer un blindaje en la cadena de suministros que permita a las potencias occidentales reducir su dependencia de la hegemonía industrial de China.
Un tablero geopolítico en transformación
La hoja de ruta minera diseñada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ha encontrado un eco inesperado en Washington. Bajo la nueva dirección de la Casa Blanca, el control de los recursos naturales ha dejado de ser un flujo meramente comercial. La estrategia actual, que reactualiza conceptos de la histórica Doctrina Monroe bajo el paraguas de la Asociación para la Seguridad Mineral, busca crear un club de proveedores confiables para el procesamiento y extracción de minerales estratégicos.
La preocupación en el Capitolio no es infundada. Según datos de Gracelin Baskaran, especialista del CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales), la potencia del norte enfrenta una vulnerabilidad crítica: depende totalmente de importaciones para 12 minerales esenciales y requiere de proveedores externos para cubrir más del 50% del consumo de otros 29. Si bien el gobierno de Xi Jinping no posee la totalidad de los yacimientos, su poder reside en el refinado, donde controla entre el 40% y el 90% de la capacidad industrial global.
La expansión masiva de centros de datos requiere volúmenes de cobre sin precedentes para su infraestructura de enfriamiento y conectividad.
Argentina se encuentra en una posición de privilegio única. De los 12 mayores proyectos cupríferos greenfield identificados en el planeta, cuatro se ubican en suelo nacional. Según la consultora Benchmark Mineral Intelligence, si se consolidan los desarrollos en marcha, el país podría producir 1,2 millones de toneladas anuales para el año 2035, ingresando al exclusivo Top 10 de productores mundiales.
En este escenario, el proyecto San Jorge, ubicado en la localidad mendocina de Uspallata, se posiciona como una de las siete piezas fundamentales para la jerarquía minera de la próxima década. Junto a él, el Proyecto Vicuña en los Andes sanjuaninos —operado por gigantes como BHP y Lundin Mining— ya ha solicitado su ingreso al RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones), bajo la etiqueta de «Exportación Estratégica».
Desafíos internos y tensiones diplomáticas
Pese al alineamiento del gobierno de Javier Milei con los intereses de Washington, el camino no está libre de obstáculos. En el ámbito doméstico, el plan de Alfredo Cornejo enfrenta la resistencia histórica de sectores ambientalistas y de la sociedad civil que cuestionan la actividad en la Cordillera. Asimismo, existe una presión latente por reformular la Ley de Glaciares, una normativa que, según Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), traba inversiones que podrían escalar hasta los 5.000 millones de dólares para el año 2027.
En el plano externo, el dilema es aún más complejo. Mientras el cobre es la promesa a largo plazo, el litio es la realidad inmediata. Argentina recuperó en 2025 el cuarto puesto como productor mundial, pero el 70% de esas exportaciones tienen como destino China. Empresas como Ganfeng Lithium mantienen una presencia robusta en proyectos como Pozuelos-Pastos Grandes en Salta.
Para la Casa Rosada, el desafío será ejecutar un delicado equilibrio diplomático: satisfacer la demanda de capitales de Beijing, que hoy sostiene gran parte de la operatividad del sector, mientras se integra a la estructura de seguridad de suministros que propone la administración de Donald Trump. El cobre de Mendoza ya no es solo mineral enterrado en la montaña; es, hoy más que nunca, una moneda de cambio en la mesa de las superpotencias.