Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 43 segundos
Tras cinco días de encierro en un calabozo, la fiscalía liberó finalmente en la tarde de este lunes a Micaela Guiñazú y Adrián Torres, dos de los ocho manifestantes detenidos en la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares en el microcentro de Mendoza. La noticia llegó después de jornadas de incertidumbre, denuncias de irregularidades judiciales y un clima de creciente tensión social en torno a la defensa del agua.
La represión se había desatado el miércoles 8 de abril, cuando una movilización pacífica con banderas y cánticos en defensa de los glaciares fue rodeada por un operativo policial desproporcionado. Gases lacrimógenos, corridas y un cerco en plena peatonal terminaron con ocho personas capturadas: entre ellas, Guiñazú y Torres, además de una docente jubilada, Mabel Piatello. Los detenidos fueron trasladados a la exSubsecretaría de Turismo, un edificio público que el gobierno provincial utiliza como centro de detención en este tipo de conflictos, reavivando la memoria de la razzia de marzo, cuando siete manifestantes habían sido apresados en circunstancias similares.
Ocho personas fueron detenidas ese día: Micaela Guiñazú, Julieta Arias, Adrián Torres, Cristian Vargas, Mauro Echegaray, Jeremías Llave, Cayetano Méndez y Mabel Piatello. Los trasladaron a la exSubsecretaría de Turismo, utilizada como centro de detención en este tipo de conflictos, reavivando la memoria de la razzia de marzo.
Imputaciones por el 194
La fiscalía aplicó el artículo 194 del Código Penal (interrupción del tránsito) a todos los detenidos. Sin embargo, en el caso de Guiñazú y Torres se sumó una acusación más grave: “Inventaron la carátula de ‘tentativa de robo de arma reglamentaria agravada’”, denunciaron sus abogados. El defensor Maximiliano Villarreal fue categórico: “Están actuando como un tribunal inquisitivo, reuniendo pruebas de forma unilateral y sin la presencia de los defensores. No hay ningún tipo de estándar probatorio, lo único que buscan es la criminalización de la protesta”.
Familiares denunciaron persecución
El lunes 13 de abril, horas antes de la liberación, organizaciones sociales, sindicales, feministas y de derechos humanos convocaron a una conferencia en la Alameda. En el comunicado se advirtió: “Ni con causas armadas, ni con represión detendrán la lucha por el agua”. Se denunció además que este hecho, “si bien es el más alevoso por la extrema atrocidad y el manifiesto ensañamiento con dos manifestantes trabajadores/as y comprometidos/as con las causas sociales, es parte de una práctica sistemática de amedrentamiento”.
Historias de vida
“Micaela es madre de 3 niñxs, sostén de familia y estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. Sostuvo el comedor de su barrio en épocas pandémicas y desde hace más de 7 años se organizó con otras mujeres y disidencias en su barrio”, señalaron organizaciones sociales sobre la última mujer detenida que aún permanecía presa este lunes. En tanto que Adrián Torres, remarcaron, «es padre presente de 2 niñxs, es electricista, parte de la Asamblea de Necesidad y Urgencia”. Ninguno tenía antecedentes penales, lo que reforzó la percepción de que se trataba de un ensañamiento político.
El trasfondo: persecución a la protesta
La protesta se enmarca en el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, que busca habilitar la exploración minera en zonas protegidas. “Defender los glaciares es defender el agua”, repiten las asambleas. La ministra de Ambiente y Energía de Mendoza defendió la iniciativa, calificando la ley vigente de “arbitraria” y afirmando que “es un pecado no explorar la cordillera en busca de metales”. La tensión entre el discurso oficial y la resistencia ciudadana marca el pulso de un conflicto que trasciende lo ambiental y se instala en el terreno de los derechos humanos.
La liberación y lo que queda
Finalmente, el lunes 13 de abril la fiscalía liberó a Micaela Guiñazú y Adrián Torres, tras cinco días de calabozo. La campaña por su liberación denunció: “El régimen de Cornejo ya va por más de 40 detenidxs, perseguidos en el contexto de la lucha por el agua, quiere de esta forma disciplinar al pueblo entero”. La liberación fue celebrada por sus familias y organizaciones, pero no borra el patrón de criminalización que se repite en la provincia: causas endebles, detenciones masivas y un uso creciente de edificios públicos como centros de detención.
Ahora #Mendoza
⚠️ Ordenaron la libertad de Micaela Guiñazu y Adrián Torres, detenidos hace 5 días en la marcha por los glaciares https://t.co/ASOAdOWxo1 pic.twitter.com/pwHX9ROAxQ
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) April 13, 2026
El caso se convierte en un testigo de cómo las instituciones judiciales y policiales operan frente a la protesta social en Mendoza. La crónica de estos cinco días de calabozo expone no solo la vulneración de derechos, sino también la persistencia de una ciudadanía que, pese a la represión, sigue repitiendo: “El agua vale más que el oro”.
