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La controversia por los vínculos entre legisladores argentinos y empresas con intereses estratégicos volvió a escena con la revelación de que la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) figura entre los invitados a un viaje a Estados Unidos organizado por la minera Glencore. La compañía, con operaciones en múltiples países y fuerte presencia en la minería local, financió la iniciativa a través de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que promueve el “pluralismo ideológico” y la “amistad cívica” entre dirigentes de distintos partidos.
El viaje, revelado por LPO, incluye a senadores y diputados que apoyaron la modificación de la Ley de Glaciares, aprobada en febrero en el senado y en la madrugada del jueves en Diputados. Juri, junto a otra invitada al periplo pagado por Glencore, Victoria Huala (PRO), votó afirmativamente en aquella sesión. También fueron convocados diputados como Fernanda Ávila, Nicolás Massot, Nancy Picón Martínez y Yamila Ruiz. Aunque algunos legisladores invitados se manifestaron en contra de la reforma, la coincidencia temporal entre la votación y la invitación al tour despertó sospechas en la oposición.
El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, lo expresó con ironía en el plenario de comisiones: “¿Qué pasó en el medio? ¿Estados Unidos? ¿El Fondo Monetario Internacional?”.
La inquietud se centra en el impacto de la reforma sobre ecosistemas estratégicos. Legisladores como Guillermo Snopek rechazaron la iniciativa argumentando que favorecía proyectos mineros en detrimento de sus provincias. Sin embargo, la presencia de Juri y otros senadores en la comitiva refuerza la percepción de que el lobby minero busca consolidar apoyos legislativos mediante beneficios extrainstitucionales.
El antecedente: Pamela Verasay y la Ley Bases
El caso de Juri no es aislado. Apenas dos años atrás, en 2024, la diputada mendocina Pamela Verasay, referente de Alfredo Cornejo y vicepresidenta de la UCR Nacional, viajó a Estados Unidos en un periplo financiado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas. La legisladora había votado la media sanción de la Ley Bases impulsada por Javier Milei. Poco después, integró una comitiva de diputados y funcionarios provinciales que recorrió Washington y Houston, epicentro del shale.
La misión, revelada por el neuquino Osvaldo Llancafilo —único en transparentar la invitación antes de viajar—, incluyó a referentes como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Martín Maquieyra. El silencio mediático en Mendoza sobre la participación de Verasay acentuó las dudas sobre la transparencia del viaje. AmCham, actor clave en el respaldo empresarial al DNU y la Ley Ómnibus de Milei, consolidó así su influencia en la agenda parlamentaria.
Un patrón repetido
La comparación entre ambos episodios revela un patrón inquietante: legisladores que, tras votar leyes de alto impacto ambiental o institucional, participan de viajes financiados por empresas directamente interesadas en esas reformas. En el caso de Juri, el lobby minero; en el de Verasay, el lobby petrolero y empresarial estadounidense. Ambos viajes se presentan como instancias de intercambio y formación, pero la percepción pública tiende a leerlos como premios o incentivos.
