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La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el controvertico proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, tras aprobar el texto que había sido girado con modificaciones por el Senado de la Nación a fines de febrero. Tal como anticipaba el meticuloso poroteo previo, La Libertad Avanza de Javier Milei mostró músculo de sobra para entregarle la ley que apuraba el presidente a instancias de la presión del lobby minero y sectores del establishment nacional.
El triunfo del gobierno se materializó después de las dos del jueves (9/4/2026), cuando el tablero del recinto mostró la amplia diferencia a favor de la ley. El oficialismo reunió una holgada mayoría parlamentaria gracias al apoyo constante de los bloques colaboracionistas y los legisladores que responden de manera directa a los gobernadores provinciales. La ley tiene como mentor a Alfredo Cornejo, a quien le adjudicó el presidente injertar en la zona roja de la agenda el espíritu de la reforma sancionada. Fue ese el principal aporte del gobernador de Mendoza a la avanzada de Milei sobre los glaciares.
Con sólo dos diputados nacionales conectados a su control remoto: Lisandro Nieri y Pamela Verasay; el poder de fuego de Cornejo en la última instancia de la cámara por poco no es nulo. El grueso del aporte de la provincia al triunfo legislativo del gobierno lo explica Milei, dueño de las decisiones de fondo de cinco legisladores por Mendoza: los libertarios Luis Petri, Facundo Correa Llano, Julieta Metral y Álvaro Martínez; y la demócrata Mercedes Llano. Se opusieron a la ley los tres restantes: los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro, junto a la ex mileísta Lourdes Arrieta.
Resistencia y represión en Mendoza
La iniciativa, que busca redefinir los alcances de las áreas protegidas para habilitar grandes inversiones en minería, despertó un intenso rechazo por parte de las diferentes organizaciones y asambleas ambientales y de todo el arco de la oposición, manifestándose masivamente en las afueras del Congreso.
En Mendoza, la resistencia al modelo minero desplegó una potente manifestación, que fue desactivada por el gobierno con una operación ejecutada por la Policía por medios violentos. Inició una represión inexplicable y salió a cazar manifestantes en pleno desbande.
La Policía encarceló al menos a nueve participantes de la protesta. Algunas de las detenciones incluyeron golpes de parte de efectivos de la fuerza armada provincial, que sometió a a la fuerza de una multitud de uniformados a cada elegido para llevarse preso. La operación policial se activó al final de la marcha, cuando la columna regresaba de recorrer el microcentro.
El colaboracionismo sigue intacto
La maratónica sesión, iniciada en las primeras horas de la tarde del miércoles, culminó de madrugada con un resultado favorable para el gobierno de Javier Milei. Con el alineamiento del colaboracionismo federal inmune a las sentencias de las manifestaciones proselitistas de sus intérpretes, el presidente consiguió en el Congreso el motivo para celebrar que le vienen negando otros factores de poder.
Tras varias semanas de intensas negociaciones encabezadas por armadores del oficialismo y ministerios del área económica, los números finales reflejaron con exactitud el escenario trazado en los días previos. El acompañamiento de bancadas clave como el Pro, sectores del radicalismo y espacios provinciales resultó fundamental para blindar, sin alteraciones, los cambios introducidos por la Cámara Alta.
La legislación original establecía una protección amplia sobre estas áreas, prohibiendo expresamente las actividades extractivas al considerarlas reservas estratégicas de agua dulce. A partir de esta sanción, la tutela se acota a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una «función hídrica efectiva» y que resulten relevantes para la recarga directa de cuencas hidrográficas.
El flamante esquema normativo otorga una enorme autonomía a las distintas jurisdicciones locales. Serán ahora las administraciones de las provincias las encargadas de determinar mediante estudios qué glaciares específicos quedan protegidos y en cuáles se habilitarán, en cambio, las diversas actividades económicas y productivas.
Desde el oficialismo defendieron enfáticamente la medida basándose en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Legisladores del oficialismo y referentes como Fernanda Ávila destacaron la urgencia imperiosa de destrabar inversiones millonarias internacionales, fuertemente enfocadas en el desarrollo de la incipiente minería de cobre en la extensa Cordillera de los Andes.
En la vereda opuesta del recinto, el bloque completo de Unión por la Patria y las expresiones de izquierda votaron en contra del dictamen de mayoría, argumentando con vehemencia que la reforma vulnera gravemente los principios ambientales ya conquistados. Los diputados opositores advirtieron a viva voz que la nueva norma pone en un serio riesgo el abastecimiento de agua potable para millones de habitantes, afecta el desarrollo de la agricultura y perjudica la generación de energía. Denunciaron, además, que el controvertido texto legislativo sancionado obedece lisa y llanamente al lobby directo de las corporaciones mineras transnacionales.
Tensión en la calle
Mientras se debatía acaloradamente, el clima de alta tensión se apoderó de las calles aledañas al Palacio Legislativo. A lo largo de toda la jornada, reconocidos referentes científicos, activistas y organizaciones de peso como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace Argentina sostuvieron una histórica protesta.
Las agrupaciones calificaron la modificación de inconstitucional, adelantando que acudirán de manera directa a la Corte Suprema de Justicia para frenar su inminente aplicación.
