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Al cierre de la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares, la Policía de Mendoza detuvo en la noche de este miércoles a varios manifestantes (los primeros datos indican que fueron 8) en pleno centro de la ciudad y los llevó al interior de la exSubsecretaría de Turismo, que el Gobierno suele usar como centro de detención en las protestas por conflictos en Mendoza. El operativo incluyó gases lacrimógenos y un cerco policial que acorraló a quienes regresaban a la peatonal tras recorrer distintas calles céntricas. El episodio reavivó la memoria de la razzia de marzo, cuando un despliegue similar terminó con detenciones en el mismo lugar.
Las Asambleas por el Agua difundieron un listado con los nombres de quienes fueron capturados por la Policía en el marco de la marcha: Micaela Guiñazú, Julieta Arias, Adrián Torres, Cristian Vargas, Mauro Echegaray, Jeremías Llave, Cayetano Mendez y Mabel Piatello. En la Comisaría 7ma, de Godoy Cruz, adonde fueron trasladadas las mujeres, hubo una protesta exigiendo su libertad.
#Ahora en Mendoza
⚠️ Protesta en la Comisaría 7ma por la libertad de las detenidas en la marcha por los glaciares pic.twitter.com/vcJU8bmVux
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) April 9, 2026
La protesta había comenzado temprano, con un “ruidazo” en el tradicional KM0 a las 19. Vecinos y asambleístas se desplazaron luego por las arterias principales de la Ciudad en una marcha pacífica, con banderas y cantos, aunque el avance estuvo constantemente bloqueado por un desmesurado operativo de seguridad.
La imagen de columnas de manifestantes rodeadas por cordones policiales se repitió como en otras jornadas marcando un patrón que las organizaciones sociales ya identifican como modus operandi de las fuerzas de seguridad frente a este tipo de movilizaciones.
El repudio a la reforma
Las Asambleas repudiaron el avance del lobby minero sobre los glaciares y la reforma impulsada por el Gobierno provincial y nacional. Antes de esta reforma a nivel nacional, Mendoza ya había dado un paso previo con el protocolo que habilita a las empresas extractivistas a operar en zonas periglaciares, ambientes hasta ahora protegidos por la legislación vigente. “Defender los glaciares es defender el agua”, fue una de las consignas más repetidas, en un contexto de creciente preocupación por la crisis hídrica en la región.
Detenciones y gases lacrimógenos
La tensión escaló al final de la marcha. Tras regresar a la peatonal, los manifestantes fueron rodeados por un enorme operativo policial.
#Ahora en Mendoza
⚠️Marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares a pedido de las mineras que Diputados está a punto de aprobar pic.twitter.com/7gtGjLS8Rf
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Allí se produjeron las detenciones y el lanzamiento de gases lacrimógenos, lo que generó corridas y escenas de desesperación entre quienes participaban de la protesta. Testigos señalaron que la represión fue indiscriminada y que entre los detenidos había vecinos que no formaban parte de las organizaciones convocantes. El operativo, según denunciaron referentes sociales, buscó desalentar la participación ciudadana en futuras movilizaciones.
Antecedente inmediato: la razzia de marzo
El antecedente inmediato refuerza esa lectura. A principios de marzo, en el mismo lugar, una protesta similar terminó con una razzia policial.
En aquella ocasión, el despliegue de seguridad también cercó a los manifestantes y bloqueó su paso hacia arterias centrales. Ocho personas fueron detenidas y llevadas al Polo Judicial. Suis abogados no pudieron verlos en las primeras horas.
La reiteración de este tipo de procedimientos alimenta la evidencia de una estrategia sistemática de criminalización de la protesta social en Mendoza, especialmente cuando se trata de cuestionar proyectos extractivistas o políticas de ajuste del oficialismo.
El trasfondo: la reforma de la Ley de Glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares es el núcleo del conflicto. La normativa vigente protege los glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La modificación que impulsa el oficialismo busca habilitar la exploración y explotación minera en esas zonas, lo que abriría la puerta a proyectos de gran escala en la cordillera. Organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y especialistas advierten que la medida pone en riesgo ecosistemas frágiles y compromete el acceso al agua en un escenario de sequías recurrentes.
En la víspera del tratamiento, la ministra de Ambiente y Energía de Mendoza defendió la reforma, tildó la ley de «arbitraria» en lo técnico y dijo que es un pecado no explorar la cordillera en busca de metales.
El debate en la Cámara de Diputados
Mientras en las calles se multiplicaban las denuncias por represión, en el Congreso se desarrollaba otra batalla. La Cámara de Diputados inició la sesión en la que el oficialismo busca sancionar la reforma.
El quórum se alcanzó con 129 presentes a las 15.13 de este miércoles, y se prevé una jornada maratónica de entre 11 y 12 horas, con más de 60 oradores y votación hacia la madrugada. En el arranque, la oposición intentó apartamientos y emplazamientos de comisiones, pero todos fueron rechazados por cuestiones reglamentarias. El oficialismo, respaldado por mandatarios de provincias cordilleranas, apuesta a consolidar la reforma pese a las advertencias de especialistas y el rechazo de las organizaciones sociales.
Un conflicto que trasciende la votación
La simultaneidad de los hechos —represión en las calles de Mendoza y debate parlamentario en Buenos Aires— expone la profundidad del conflicto. De un lado, ciudadanos y asambleas que reclaman la defensa de los glaciares como patrimonio común y garantía de agua para las generaciones futuras. Del otro, un gobierno decidido a habilitar la minería en ambientes hasta ahora protegidos, con el respaldo de sectores empresariales y provinciales. La madrugada traerá un desenlace legislativo, pero la tensión social y ambiental promete prolongarse mucho más allá de la votación.
