Un grupo de abogados presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Mendoza un escrito para constituirse como querellantes particulares en representación de los nueve detenidos durante la protesta realizada el 4 de febrero en defensa de la Ley Nacional de Glaciares. La presentación, caratulada en la causa Nº P-13497/26, busca que las víctimas tengan participación activa en el proceso penal y que se investiguen los apremios ilegales sufridos.
En el documento, los letrados Emanuel Rusafa, Enrique Jasid, Maximiliano Villarreal, Ulises Jiménez y Julieta Lavarello relatan que sus defendidos fueron aprehendidos sin motivo aparente por la Policía de Mendoza, agredidos físicamente y privados de su derecho a entrevistarse con abogados durante más de 16 horas. “Nuestros mandantes fueron aprehendidos sin motivo aparente por personal de la Policía de Mendoza, siendo brutalmente agredidos en el momento de la aprehensión y después de la misma”, señala el escrito.
Repudian la razzia de la Policía de Mendoza tras la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares
El contexto de la protesta
El ruidazo por la Ley de Glaciares, se realizó en el kilómetro cero de la Capital de Mendoza y fue parte de una jornada nacional en rechazo al proyecto de reforma impulsado por el presidente Javier Milei, con el aval del gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa busca modificar la normativa vigente para habilitar la actividad minera en zonas de glaciares y periglaciares, lo que organizaciones socioambientales consideran un retroceso en la protección de ecosistemas estratégicos.
La protesta fue pacífica, pero terminó con un desmesurado operativo policial que derivó en la detención de nueve personas. Según el comunicado de la Agrupación de Presxs Politicxs por Defender el Agua, los manifestantes fueron trasladados por la fuerza al edificio del Ministerio de Turismo, “transitoriamente convertido en centro clandestino de detención”, y luego llevados a la cárcel de Estrada.
Denuncia de violencia institucional
El escrito judicial coincide con las denuncias de “razzia policial” y de un abuso de autoridad por parte de efectivos que no portaban identificación. Los abogados remarcan que los detenidos fueron víctimas de apremios ilegales, tanto en el momento de la aprehensión como durante su alojamiento en dependencias públicas.
Los abogados, por su parte, recordaron que en Mendoza ya se había aprobado una modificación local de la normativa de glaciares mediante la ley 9685, impulsada “por sugerencia de las empresas mineras”. Para los defensores del agua, los hechos demuestran que la megaminería “no tiene licencia social” y que el gobierno recurre a la criminalización de la protesta para imponerla.
Los presos políticos de Cornejo
El comunicado difundido tras las detenciones fue contundente: “Con estos nuevos encarcelamientos, el gobernador Alfredo Cornejo ya tiene en su haber 32 presos políticos, por cuenta y orden de Minera San Jorge”. La agrupación advierte que estas prácticas “recuerdan las épocas más oscuras de nuestra historia” y responsabiliza al gobierno provincial y a la empresa minera por cualquier agresión o afectación a la salud de los detenidos.
La exigencia es clara: libertad inmediata de todas las personas encarceladas por protestar y cierre de las causas contra defensores del agua, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Un caso que trasciende lo judicial
El pedido de los abogados de ser reconocidos como querellantes no es solo un trámite procesal. Representa la voluntad de las víctimas de tener voz en la investigación y de denunciar públicamente la violencia institucional sufrida. Al mismo tiempo, pone en evidencia la tensión entre el avance de proyectos extractivos y la resistencia social en defensa del agua y los glaciares.
Lo ocurrido se inscribe en un escenario nacional donde la discusión sobre la Ley de Glaciares se ha convertido en un símbolo de la disputa entre el modelo extractivista y la defensa de los bienes comunes. Los nueve detenidos del ruidazo son hoy el rostro visible de esa confrontación, y el pedido de querella busca que su caso no quede en la impunidad.