En su discurso ante el Congreso del domingo 1 de marzo de 2026, el presidente Javier Milei volvió a colocar a la minería en el centro de su hoja de ruta económica. A la vez, definió como «cavernícolas» a quienes se oponen al modelo minero imperante. Esa descalificación tiene alto impacto en Mendoza por la potencia de la resistencia al extractivismo.
La mencionó como parte de un “boom” productivo asociado a energía, inversión extranjera y expansión exportadora, con una frase que sintetizó el enfoque oficial: “La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”.
En paralelo, el mandatario confrontó con dureza a quienes cuestionan ese modelo, al sostener que, si se hiciera “como la hace Chile”, la cordillera podría aportar “un millón de puestos de trabajo reales”.
Milei reivindicó una estrategia de alineamiento con Estados Unidos, habló de “alianza estratégica” y ligó ese rumbo a un salto de exportaciones y a una “ola de inversión extranjera”.
Dentro de esa arquitectura, la minería aparece como engranaje clave para lo que describió como un nuevo ciclo de industrialización: procesamiento de litio y “minerales críticos”, impulso a sectores como la petroquímica y la siderurgia, y un entramado de infraestructura logística y energética que —según el Presidente— tendría efectos sobre empleo y salarios.
Golpe a la resistencia mendocina
Sin embargo, el énfasis oficial choca con una realidad particularmente sensible en Mendoza, donde la resistencia social a ciertos proyectos mineros se mantiene activa desde hace años.
La provincia es, en el mapa nacional, uno de los territorios donde la discusión por el agua y los controles ambientales adquirió mayor densidad política y callejera, con antecedentes que todavía funcionan como referencia para organizaciones y asambleas: la vigencia de la Ley 7722 y las movilizaciones masivas de 2019, cuando el intento de modificar el marco regulatorio desencadenó protestas y una marcha atrás legislativa.
Ese trasfondo explica por qué las palabras de Milei, aún sin anunciar medidas puntuales, reavivan una disputa de fondo: qué tipo de minería se pretende, bajo qué estándares, con qué licencias sociales y qué riesgos se asumen en una provincia donde la escasez hídrica es un dato estructural.
Para los sectores socioambientales mendocinos, el debate no es abstracto: el agua, sostienen, es condición de posibilidad para actividades como la agricultura y la vida urbana en un territorio árido. En esa lectura, el argumento de los puestos de trabajo no alcanza para despejar la incertidumbre sobre impactos acumulativos, controles, sustancias utilizadas y capacidades reales de fiscalización.
Para Milei, es minería o pobreza
Del lado del Gobierno nacional, el discurso exhibe una apuesta clara: acelerar la explotación de recursos para convertirlos en divisas, empleo e inversión, y hacerlo con una retórica de choque contra lo que Milei definió como obstáculos “ideológicos”.
La postura de Milei sostiene que no se trata solo de política productiva, sino de una confrontación cultural entre un programa de “crecimiento” y un movimiento ciudadano que se autodefine como defensor del agua y el ambiente.
En Mendoza, esa tensión se expresa en una trama amplia: asambleas socioambientales, organizaciones territoriales, productores, sectores académicos y actores políticos que —con matices— han coincidido en la necesidad de mantener límites estrictos. A la vez, existen voces empresarias y sindicales que reclaman reglas claras para habilitar inversiones y empleo privado, y que miran con atención el giro pro-minero del Ejecutivo nacional.
Por ahora, el discurso presidencial opera como señal política: Milei quiere convertir a la minería en motor del modelo exportador que proyecta, y está dispuesto a dar la pelea pública con quienes lo resisten. En Mendoza, donde la “licencia social” se construyó históricamente más desde la calle que desde los escritorios, esa pelea promete trasladarse —otra vez— al terreno de la movilización y la agenda cotidiana.
El capítulo que sigue dependerá menos de consignas y más de algo concreto: qué proyectos se impulsen, qué controles se ofrezcan y si el Gobierno logra tender puentes en un conflicto donde la desconfianza es, desde hace años, el punto de partida.