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El Departamento General de Irrigación, bajo la conducción de Sergio Marinelli, formalizó la entrega de títulos de concesión para dos perforaciones en Cacheuta, margen derecha del río Mendoza. La decisión tiene un fuerte impacto político e institucional: se trata de un sector declarado bajo restricción hídrica, donde el acuífero está sometido a presión y cualquier autorización despierta suspicacias.
La firma beneficiada es Simplot Argentina S.R.L., que hasta ahora operaba con permisos provisorios bajo lo que Irrigación definía como “tolerancia administrativa”. Con la concesión definitiva, la compañía obtiene seguridad jurídica por 50 años, aunque bajo condiciones estrictas: instalación de medidores, declaraciones juradas anuales y posibilidad de inspecciones. El incumplimiento podría derivar en sanciones o incluso en la caducidad del derecho de uso.
El gigante detrás de la papa congelada
Simplot Argentina es filial de la estadounidense J.R. Simplot Company, un gigante agroindustrial fundado en 1929. En Mendoza desembarcó en 2016 de la mano del empresario Fabio Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. La planta industrial se ubica en Luján de Cuyo, camino a Chile, y produce papas congeladas para abastecer cadenas de comida rápida y supermercados.
El esquema productivo integra la fase industrial con la agrícola: cultivos asociados que dependen directamente del agua subterránea. En el Valle de Uco, la empresa cuenta con 14 pozos destinados al riego de papa en San Carlos, mediante sistemas de pivote de alta demanda hídrica. Según expedientes oficiales, mantiene en producción unas 92 hectáreas y proyecta ampliar el uso de efluentes para regar hasta 100 hectáreas de alfalfa.
Cacheuta y el ordenamiento pendiente
En Cacheuta, además de las perforaciones regularizadas, la compañía gestionó permisos para garantizar suministro eléctrico, considerado crítico en la zona. Irrigación condicionó la autorización a la instalación de caudalímetros que midan con precisión los volúmenes reutilizados.
Marinelli defendió la medida como parte de un “proceso de ordenamiento” iniciado en 2017, destinado a corregir un esquema que durante años permitió el uso de agua subterránea sin completar el trámite legal. El funcionario subrayó que el proceso cuenta con aval técnico del Instituto Nacional del Agua (INA) y del IHLLA, además de respaldo jurídico del Instituto del Agua de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
Los beneficios para Elsztain y el aval de la Corte
La decisión se produce en un contexto marcado por la polémica entrega de pozos a Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud, en plena emergencia hídrica. En 2025, Marinelli autorizó a Cresud a perforar cinco pozos en Luján de Cuyo para regar 424 hectáreas, pese a que la subcuenca estaba bajo estricta restricción. La medida desató un terremoto político: el funcionario estuvo a punto de enfrentar juicio político, pero fue salvado por la mayoría oficialista en el jury.
El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que avaló la autorización precaria en un fallo firmado por seis de sus siete miembros. La resolución sentó un precedente inédito: aplicar la normativa del agua superficial al agua subterránea, otorgando carácter precario a los permisos. Marinelli celebró el fallo como un respaldo a su gestión, aunque organizaciones ambientales y sectores opositores lo denunciaron como un “traje a medida” para el magnate.
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