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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego (Pro), cedió soberanía al firmar un acuerdo con la multinacional minera Vicuña Corp por 71 años. El pacto congela regalías en 3%, renuncia a tribunales nacionales para resolver disputas y cierra la posibilidad de cobrar nuevas multas ambientales.
El acta de compromiso entre San Juan y Vicuña Corp estipula que los términos del proyecto permanecerán vigentes durante 71 años. La empresa realiza un adelanto de 250 millones de dólares, pero a cambio la provincia considera saldada cualquier contribución por impacto ambiental durante toda la vida útil de la mina. Este mecanismo bloquea el cobro de nuevas multas o la exigencia de obras de reparación ambiental con posterioridad a la firma.
La provincia y la multinacional fijaron mediante esta cláusula una estabilidad que, según especialistas, beneficia principalmente a la empresa. Los costos ambientales futuros no podrán ser facturados nuevamente al operador minero, independientemente de lo que ocurra en el yacimiento.
Tribunales privados y renuncias a jurisdicción
El artículo 8 del acta constituye el punto de mayor controversia. En su redacción, San Juan renuncia de forma explícita a resolver disputas en tribunales locales o nacionales. Cualquier conflictividad que surja —ya sea por cuestiones ambientales, tributarias o de fiscalización— será sometida a arbitraje ante tribunales internacionales privados de la Cámara de Comercio Internacional.
Esta cláusula implica que el Estado provincial no conserva jurisdicción sobre controversias que afecten directamente su territorio y sus recursos naturales. Los litigios serán resueltos en foros internacionales, con arreglo a procedimientos privados y bajo legislación que excede las competencias del poder judicial provincial.
Regalías, la entrega
La legislación nacional, específicamente la Ley 27.743, autoriza a las provincias a cobrar hasta un 5% en concepto de regalías para nuevos proyectos de explotación minera. Sin embargo, San Juan acordó congelar este porcentaje en un 3% sobre la facturación del proyecto. Esta diferencia de dos puntos porcentuales se mantendrá durante toda la vida útil de los yacimientos.
Economistas y analistas calculan que esta reducción impone una pérdida significativa de ingresos fiscales a la provincia en el mediano y largo plazo, especialmente considerando la duración del acuerdo: siete décadas.
Despido de quien cuestionó el acuerdo
El economista Hugo Berozzi elaboró un informe exhaustivo que detallaba el impacto económico negativo del contrato y advertía sobre violaciones a la Constitución Provincial. Tras la difusión de su análisis, Berozzi fue despedido sin causa formal del Fondo de Garantías de San Juan, institución en la que trabajaba desde hacía seis años.
En declaraciones posteriores, Berozzi aclaró que su posición no se opone a la actividad minera en sí. Cuestionó, en cambio, la pérdida de potestades del Estado para controlar y regular la explotación de recursos naturales provinciales. Según su perspectiva, el contrato subordina funciones estatales básicas al beneficio empresarial.
Contexto del RIGI
El gobierno de Javier Milei y el gobernador Marcelo Orrego presentan el proyecto de Vicuña Corp como un éxito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El programa busca atraer capitales externos mediante estabilidad regulatoria y beneficios fiscales.
Sin embargo, el análisis de las cláusulas del acuerdo con la multinacional minera muestra que esta estabilidad se logró mediante concesiones sustanciales de soberanía y recursos fiscales por parte de la provincia.
