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La Justicia Federal activó un proceso penal por violación de domicilio contra una docena de activistas ambientales que ingresaron al Congreso de la Nación durante el debate de la Ley de Glaciares. Se trata de un capítulo más de la criminalización a la defensa del agua, que en Mendoza le ha costado imputaciones, procesamientos y encarcelamientos a la militancia contra las corporaciones extractivistas.
La avanzada contra los ambientalistas en los tribunales federales de Comodoro Py es liderada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien cumplirá cuatro décadas en el Poder Judicial de la Nación gracias a su capacidad de negociación con el establishment y la política.
Entre los favores al poder de Martínez De Giorgi se cuenta su intervención a favor de los hermanos Javier y Karina Milei en la causa por la estaba con la criptomoneda LIBRA.
El juez acusó a los ambientalistas al considerar que la vulneración de las rejas que aislaban al Congreso del pueblo constituye un delito tipificado, independientemente de la ausencia de daños materiales, la falta de violencia física o el horario del suceso. Entonces, sin hacer nada más que expresarse los ambientalistas delinquen, según el juez.
Los procesados son Marcos Alejandro Policer, Abril Inés Castellano, Manuela Celeste Zalazar, Sol Aylén Klausek, Juana Inés Serra, Mailén Alicia Miranda Vaquera, Carla Mariel Guidi, Luciana Mariel Rivero, Diana Lucía Suárez Smeke, Cynthia Ayelén Moreno Gallo, Iwan Alfredo Núñez Romero y Pablo Alejandro Blefari.
Durante la represión policial de la protesta, fueron secuestrados elementos que utilizaron los manifestantes para expresarse: una cámara GoPro, una mochila con botellas de agua, banderines amarillos con la leyenda de la protesta, equipos de comunicación Kenwood, un teléfono celular Samsung, bolsas de tela verdes, frascos con crema, cintas con la inscripción “senadora”, cuatro banderas y siete inodoros plásticos blancos, seis de ellos con carteles que decían “Ley de Glaciares”.
El Congreso es propiedad privada, según el juez
El juez de instrucción Martínez de Giorgi determinó que el sector restringido del histórico palacio legislativo posee características jurídicas asimilables a las de una dependencia de una propiedad privada o de un establecimiento comercial.
Según la resolución, el predio constituye un espacio materialmente delimitado donde una autoridad gubernamental ejerce plenas facultades de admisión y de exclusión. La interpretación estableció que el traspaso del cerco vulnera el bien protegido de manera directa.
El dictamen desestimó los atenuantes de la causa presentados. El magistrado argumentó que la tipicidad penal no desaparece por la ausencia de violencia física. Resolvió que la falta de daños materiales en la infraestructura y el horario de escasa circulación elegido resultan irrelevantes. También rechazó el argumento sobre la ausencia de efectivos policiales visibles en el instante inicial. La prohibición de acceso se encontraba explícitamente manifestada mediante las pesadas rejas frontales cerradas con un candado de seguridad.
Para los opositores, la Policía
Las actuaciones sumariales correspondientes iniciaron tras un procedimiento operativo ejecutado por los efectivos de la División Delitos Constitucionales perteneciente a la Policía Federal Argentina. El personal de guardia detectó que un grupo trepó las rejas del cerco perimetral y logró acceder a las escalinatas principales.
El amplio operativo de seguridad desplegado por el gobierno de Javier Milei culminó con la detención de dos de los participantes. Las aprehensiones se materializaron cuando los individuos intentaban retirarse del lugar de manera presurosa transitando por la calle Hipólito Yrigoyen, a la altura de su intersección exacta con la calle Solís. Posteriormente, los agentes procedieron a incautar los diversos objetos vinculados, banderas y cámaras de video, fundamentalmente. La nómina de elementos secuestrados por la fuerza policial incluyó el material táctico utilizado para la manifestación.
El inventario detalló la incautación de una cámara GoPro, una mochila equipada con botellas de agua, equipos de comunicación de marca Kenwood y un teléfono Samsung. Adicionalmente, se retuvieron objetos de propaganda, entre ellos banderines amarillos, bolsas de tela verdes, cintas con la inscripción "senadora", frascos con crema, cuatro banderas y siete inodoros de plástico blanco. Seis de los artefactos sanitarios exhibían carteles con la consigna "Ley de Glaciares".
Perseguidos por protestar
Durante las declaraciones indagatorias ordenadas en la etapa de instrucción judicial, los imputados manifestaron que la intrusión al recinto constituía una acción enmarcada en una campaña institucional.
Según los testimonios volcados en el expediente formal, la finalidad de la maniobra consistía en promover de manera urgente medidas orientadas a la protección integral de las reservas de agua dulce y la preservación del ambiente periglacial.
La representación legal de los acusados presentó un recurso afirmando que el accionar se trató exclusivamente de una manifestación pacífica. La defensa técnica subrayó la absoluta ausencia de comportamientos violentos, la inexistencia de afectación al patrimonio del Estado Nacional y la falta de intenciones de realizar una ocupación permanente.
El escrito argumentó que la elección del horario de inactividad parlamentaria respondió al único propósito de evitar interferencias en el desarrollo de las sesiones legislativas y en el uso habitual del espacio contiguo.
Criminales ideológicos en el tercer milenio
Semanas después de la manifestación considerada criminal por el juez Martínez De Giorgi, un grupo diferente de militantes eludió la seguridad perimetral del histórico Monumento de la Plaza de los Dos Congresos.
Los manifestantes treparon el grupo escultórico para exhibir cartelería de protesta en reclamo de medidas ambientales. El personal de vigilancia registró la colocación de dos pancartas.
Las inscripciones desplegadas ante la vía pública contenían los mensajes "Diputados: no traicionen a los argentinos" y "La Ley de Glaciares no se toca", configurando un nuevo incidente perimetral, según la visión de la Justicia Federal.
La Justicia de Cornejo, pionera de la criminalización
En Mendoza, nueve personas fueron detenidas y encausadas por el aparato judicial que controla el gobernador Alfredo Cornejo desde su teléfono, gracias al total alineamiento del Ministerio Público, encabezado por el procurador general, Alejandro Gullé, y la mayoría automática en la Suprema Corte, que preside el cornejista Dalmiro Garay.
Un grupo de abogados presentó una querella para representar a los nueve detenidos en el ruidazo por la Ley de Glaciares, denunciando apremios ilegales y violencia institucional en Mendoza.
“Nuestros mandantes fueron aprehendidos sin motivo aparente por personal de la Policía de Mendoza, siendo brutalmente agredidos en el momento de la aprehensión y después de la misma”, consideraron los abogados Emanuel Rusafa, Enrique Jasid, Maximiliano Villarreal, Ulises Jiménez y Julieta Lavarello, defensores de los ambientalistas perseguidos por Cornejo con el respaldo del establishment provincial.
La Policía amparada por el Ministerio Público tardó más de 16 horas desde que produjo las detenciones hasta permitir a los encarcelados por protestar hablar con sus abogados.
La actuación represiva de la fuerza pública armada a las órdenes del gobernador Cornejo contra la resistencia ambiental a su modelo minero nació junto a la veloz carrera ideológica del mandatario desde la confrontación contra la minería hasta liderar su irrupción en la Cordillera de los Andes mendocina.
La doctrina Cornejo llegó a incorporar la figura del terrorismo en el procesamiento a vecinos de Uspallata por protestar en Uspallata contra la minería en la cordillera de Uspallata. Todas las protestas ambientales contra la habilitación a la minera San Jorge para dinamitar Uspallata derivaron en represión gubernamental con gases y balas de goma.
