La pulseada salarial entre el Gobierno provincial y los gremios estatales entró en una fase de máxima tensión. Mientras el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) bajó a sus bases la oferta del Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo ya desliza la posibilidad de imponer aumentos por decreto ante el estancamiento de las negociaciones con otros sindicatos, como Ampros, de los profesionales médicos y ATE.
La oferta de Cornejo es un aumento de 7% en marzo y 3% en mayo. Sólo el SUTE aceptó discutirla en plenarios. “Esta propuesta es un porcentaje que no llega al 2% por mes en seis meses; es decir, no llega a costear un kilo de carne. Porque más o menos en una Clase 1 es alrededor de 17 mil pesos”, aseguró en cambio la titular de Ampros, Claudia Iturbe.
“No hay ninguna propuesta para más de 2 mil profesionales de la salud que se encuentran en negro desde hace seis años en el Ministerio de Salud”, agregó.
Cuarto intermedio del SUTE
El viernes 27 de febrero, el plenario provincial del SUTE decidió pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 5 de marzo. En ese lapso, docentes y celadores debatirán en cada institución la oferta oficial: un incremento salarial del 7% en marzo y del 3% en mayo, calculado sobre diciembre de 2025 y no acumulativo. La propuesta también incluye puntos no salariales, como la reubicación de suplentes de Centros de Capacitación para el Trabajo cerrados, la recuperación de movimientos estatutarios en secundaria y la creación de una comisión para revisar descuentos por enfermedades inculpables.
Sin haber discutido un paro en el inicio de las clases, el sindicato reivindicó la paritaria como ámbito formal de discusión y herramienta institucional para reclamar y denunciar incumplimientos. Gustavo Correa, secretario general del SUTE, subrayó que “los acuerdos escritos permiten exigir lo pactado e incluso recurrir a la Justicia cuando corresponda”.
El conflicto con Ampros
En paralelo, el Gobierno provincial enfrenta un rechazo frontal de otros gremios. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) descartó de plano la misma propuesta salarial que analiza el SUTE. Claudia Iturbe, su secretaria general, la calificó de “indigna” y aseguró que “no llega a costear un kilo de carne”. Además, denunció la falta de soluciones para más de 2.000 profesionales de la salud que continúan en condiciones precarias desde hace seis años.
La asamblea de delegados realizada en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo fue contundente: el ofrecimiento del Ejecutivo fue rechazado por unanimidad. “Esta es la salud pública que quiere el Gobierno para los mendocinos”, sentenció Iturbe, visibilizando el malestar creciente en el sector sanitario.
La tensión con ATE
La negociación con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se encuentra en un punto muerto. El Ejecutivo considera “agotada” la discusión y evalúa imponer por decreto un aumento del 7% —5% en marzo y 2% en mayo—, la primera oferta que había acercado. Desde el Ministerio de Hacienda, conducido por Víctor Fayad, advierten que no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal.
Para el Gobierno de Cornejo, el “punto de quiebre” fue la realización de medidas de fuerza mientras estaba vigente un cuarto intermedio en la negociación. Interpretaron que la discusión se trasladó a un “terreno político” extrasindical. “La decisión de avanzar por decreto busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores”, señalaron fuentes oficiales.
Por su parte, Roberto Macho, líder de ATE, denunció prácticas antisindicales y acusó a la Subsecretaría de Trabajo de suspender unilateralmente la negociación. “Esperemos que el Gobierno reflexione sobre esta situación y fije una nueva fecha para el Régimen 15 de Salud”, reclamó.
En este contexto, la paritaria se convierte en mucho más que una discusión técnica sobre porcentajes: es el escenario donde se juega la legitimidad de la negociación colectiva frente a la tentación del Ejecutivo de imponer condiciones. La respuesta del SUTE y la reacción de los gremios estatales marcarán el rumbo de la relación entre el Gobierno y los trabajadores en los meses venideros.