La cámara de senadores dio otro paso para avanzar en el proyecto de ley que impulsa el cornejismo para darle rango constitucional al equilibrio fiscal, una de las obsesiones de Javier Milei que tomó nuevos bríos en Mendoza como parte de la sintonía local con el plan de desguace, despidos y ajuste del libertario.
Después de endeudar a Mendoza en su primera gestión y de iniciar su segundo mandato con la toma de más deuda y roll over de los vencimientos, Cornejo pretende condicionar a futuro la toma de deuda y el financiamiento de los gobiernos. Y busca dejarlo por sentado en la Constitución.
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Reforma del Estado invitaron expertos para avanzar en la propuesta vinculada a reformar el artículo 42 de la Constitución provincial y dejar asentado “como deber del Estado y derecho colectivo de la población, el equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal”.
El proyecto va en línea a lo anunciado por Milei cuando se firmó el Pacto de Mayo al que se sometieron los gobernadores colaboracionistas. El presidente dijo que enviará un proyecto de ley al Congreso para penalizar a los funcionarios que impulsen y aprueben presupuestos que contemplen financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Además, agregó que la iniciativa buscará que se lo considere un delito de lesa humanidad.
El proyecto de Cornejo fue testeado por su delfín, Rodolfo Suarez, pero no tuvo consenso en ese momento.
El artículo 42 de la Constitución de Mendoza dice que “ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos a los determinados en la ley de su creación, ni durará más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga”.
Parte de esa idea queda expresada en la modificación que busca constitucionalizar el equilibrio fiscal y establece que “la provincia y los municipios asegurarán el equilibrio entre los ingresos y los gastos del propio presupuesto, teniendo en cuenta las fases adversas o favorables del ciclo económico”.
“Es importante realizar un análisis sobre el rol fundamental que ocupan los principios de responsabilidad fiscal y equilibrio fiscal en varias constituciones de avanzada de otras provincias, como así también en el derecho comparado en distintas constituciones de Latinoamérica, con el objetivo de garantizar una administración financiera sostenible y responsable”, dicen los fundamentos del proyecto, en el que la bancada oficialista agrega que resulta de “vital importancia” la modificación del artículo para poder “aplicar criterios de transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos”.
Según el cornejismo, la propuesta "introduce conceptos como la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo económico, social y ambiental, y busca evitar la imposición de nuevas cargas sin un financiamiento adecuado. La constitución le va a reconocer al pueblo que el estado no gaste mas de lo que recauda".
Para darle pátina de institucionalidad a la reforma que pretende el cornejismo, la semana pasada fueron invitados a reuniones de comisiones del senado la doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de las Universidades de Mendoza y UNCuyo, Gabriela Ábalos; Mónica González y Juan Carlos García Ojeda, de la Universidad Nacional de Cuyo; y el contador Julián Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
Ábalos, García Ojeda y Sadorschi manifestaron su acuerdo con el proyecto del cornejismo.
Ábalos apuntó: "Este es el camino para hacer efectivos los derechos, es el A B C. Esta es una mirada colectiva muy importante", mientras que García Ojeda apuntó que "la inclusión del equilibrio fiscal en la constitución fortalecerá la capacidad del Estado para gestionar sus recursos de manera responsable y efectiva". A su turno Sadofschi resaltó la importancia de esta medida en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, además de facilitar el control ciudadano sobre la gestión pública.
González hizo observaciones respecto a ambigüedades en el texto y advirtió que el equilibrio fiscal no debe ser visto únicamente como una cuestión de presentación de presupuestos equilibrados, sino como un compromiso continuo de gestión eficiente de los recursos.
La senadora Mercedes Derrache coincidió con González sobre la importancia de definir claramente cada concepto para evitar la necesidad de recurrir a leyes interpretativas en el futuro. Afirmó que la precisión en la redacción es crucial para evitar interpretaciones erróneas y facilitar la implementación de las normativas.
En este punto, García Ojeda matizó: dijo que se debe mantener la flexibilidad en la administración estatal para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Defendió la idea de no ceñir la Constitución con demasiadas especificaciones técnicas que podrían dificultar la gestión eficiente de los recursos.
