
Dos comisiones de Diputados aprobaron este jueves que se trate en breve el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de extracción de cobre en el yacimiento Cerro Amarillo, en Malargüe.
Después de escuchar a algunos referentes de las Asambleas por el Agua, la comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, presidida por Verónica Valverde (PJ), y la de Economía, Minería, Energía e Industrias, a cargo de Guillermo Mosso, férreo detractor de la Ley 7722, deliberaron a puertas cerradas y dieron el ok para que avance el tratamiento en la cámara baja la semana próxima.
“La declaración de impacto ambiental tiene una serie de mandas para con la empresa y el proyecto, que tienen que ser de cumplimiento a partir de la vigencia de esta DIA. Estamos hablando de un proyecto de exploración, no de explotación, y el no tener la posibilidad de explorar el territorio es ir contra el progreso y la ciencia”, subrayó Mosso tras la deliberación.
La Asamblea por el Agua se hizo eco de lo ocurrido y llamó a manifestarse contra el proyecto por ser violatorio de leyes locales, nacionales y tratados internacionales a los cuales adhirió Argentina como el Acuerdo de Escazú.
Las AMPAP consideran que el proyecto compromete glaciares y nacientes de importantes cuencas hidrográficas como las del Atuel, el Grande y el Colorado, y por ello deberían ser consultados terceros que puedan verse afectados.
Uno de los referentes de las AMPAP, el geógrafo Marcelo Giraud, presentó en la previa de la discusión en comisiones una extensa nota con detalles spbre irregularidades técnicas tanto en la presentación como en la evolución del tratamiento de la DIA.
Recalcó, en entre otros puntos, lo inconsulto del tratamiento de un proyecto extractivo en el que no sólo los pobladores de las cuencas no fueron consultados, sino entidades intermedias como los asambleístas, las municipalidades de San Rafael y General Alvear, el COIRCO, entre otros.
Se lee en parte de la nota que presentó Giraud:
Además, postuló los cambios que hubo en el proyecto, la omisión o falta de información actualizada, y la DIA que data de 2014, cuando la presentó el gobierno de Francisco Pérez y la UCR, entonces en la oposición, se la bochó.