De manual

Encapuchados, represión a mansalva, detenidos y amedrentamiento penal: la respuesta de Milei a la protesta

El gobierno decidió gambetear el abordaje de los múltiples reclamos de la marcha de este jueves con una fuerte apuesta a la escalada del conflicto.

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Las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir a manifestantes.

La Quinta Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires fue objeto de un amplio despliegue represivo por parte de las fuerzas de seguridad pública a cargo del presidente Javier Milei y el intendente porteño Jorge Macri. Policía y gendarmes arremetieron contra los manifestantes armados con palos de goma, escopetas antidisturbios, camiones hidrantes y lanza gases.

Protegidos por chalecos antibalas, escudos y cascos, los policías cumplieron al pie de la letra el protocolo represivo implantado por Milei no bien se puso la banda presidencial. La manifestación transcurrió pacíficamente hasta que la irrupción de unos pocos encapuchados tira piedras activó un ataque coordinado de los uniformados a los participantes en la protesta.

Las víctimas del accionar policial denunciaron que la excusa para la represión fue generada por infiltrados, como es habitual en los últimos años.

En pleno desmadre provocado por la represión, las fuerzas de seguridad detuvieron a al menos 25 manifestantes. El gobierno anunció que los denunciará por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la represión considerándola una justa respuestas contra el accionar del minúsculo grupo de encapuchados, del que se perdió todo rastro mientras las fuerzas armadas bajo su mando atacaban a mansalva y al voleo a los participantes en la protesta.

Pasadas las 15.30, media hora antes del acto central por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, en el sector del vallado que impedía acercarse al palacio legislativo, las Fuerzas de Seguridad iniciaron una escalada represiva utilizando camiones hidrantes y disparando gases lacrimógenos sobre un grupo reducido de personas que se encontraba en la primera línea.

Estudiantes, trabajadores y militantes

La movilización, que congregó a la comunidad académica, gremios como ATE —que desarrollaba un paro nacional de 24 horas— y organizaciones sociales, se vio envuelta en un caos asfixiante que alcanzó incluso el anexo de la Cámara de Diputados.

La respuesta del Gobierno al reclamo de la comunidad educativa se limitó, una vez más, al despliegue de palos y químicos antimotines.

Desde las columnas universitarias, los manifestantes rápidamente señalaron que los primeros incidentes con pedradas en las vallas fueron detonados por personas ajenas a la organización estudiantil. Las cámaras de televisión en la Plaza Congreso grabaron a un puñado de hombres con sus rostros cubiertos y provistos de mochilas cargadas con los elementos necesarios para la alteración del orden, que potenciaron enfocando la violencia contra los trabajadores de prensa.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, descendió del recinto bajo una fuerte lluvia para constatar la situación en la calle. “Hubo una provocación. Toda manifestación termina con represión”, denunció el legislador, cuestionando por qué se generan disturbios únicamente cuando intervienen las fuerzas de seguridad.

La tensión de la tarde fue la continuidad metodológica de lo vivido la noche previa. Durante la víspera de la gran marcha, estudiantes de escuelas secundarias y terciarias intentaron realizar una vigilia pacífica en la intersección de Callao y Corrientes.

La Policía de la Ciudad desarticuló la protesta con brutalidad: la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT), Amanda Martín, fue arrastrada del cabello durante el avance de los uniformados, y el profesor del instituto Joaquín V. González, Rubén Posse, terminó detenido. La presión de la comunidad educativa y política en las puertas de la comisaría logró la liberación del docente horas más tarde.

Protesta con motivos

El reclamo en las calles buscaba torcer el rumbo del congelamiento de fondos ejecutado por la administración de Javier Milei. Según los gremios universitarios convocantes, el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes, llevando al sistema científico-tecnológico a discutir no sus márgenes de expansión, sino la preservación de sus condiciones mínimas de existencia. Además, se sumaron manifestantes que reclamaban la derogación del DNU 70/23.

La represión en las afueras del Congreso operó en simultáneo con lo que ocurría puertas adentro del parlamento, adonde, tras frenéticas negociaciones, el gobierno libertario logró evitar el quórum que necesitaba la oposición para voltear el DNU 70/23, consolidando una victoria táctica para La Libertad Avanza.

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