El Gobierno defendió en la Legislatura la entrega de la mina de potasio de Malargüe a una empresa de José Luis Manzano -el exministro menemista socio en los negocios de Daniel Vila, ambos devenidos en empresarios del rubro energético- y el consecuente uso de agua del río Grande a razón de 333 litros de agua por segundo.
Sin embargo, está previsto que la empresa aumente hasta el triple esa cantidad, según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada hace 16 años y que, según el gobierno, sigue vigente "porque no se ha cambiado la tecnología que se va a aplicar"
Para extraer el cloruro de potasio del subsuelo -que luego es usado como fertilizante en la agricultura- hay que bombear agua caliente hacia el nivel del mineral, donde se disuelve el cloruro de potasio y la mezcla de sales y esto es conducido a la superficie, donde se cristaliza.
Este proceso implica una acumulación de sales a nivel del suelo como residuo del proceso industrial a razón de 1,21 toneladas de sal por cada tonelada de potasio extraída, lo cual equivale a 3 toneladas de sal por año, según un informe presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación en 2010.
Esa sal residual ocuparían -según cálculos de entonces- una superficie de 210 hectáreas de 50 metros de alto y ese pasivo generado por la mina "podría provocar una importante salinización del entorno general y en particular del uso de agua", señala el informe citado.
Este viernes el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, defendió el proyecto ante legisladores y en particular sobre el impacto ambiental señaló que al gobierno no le preocupan las demandas de La Pampa al respecto.
"El COIRCO ya lo aprobó. Se que al gobierno pampeano le molesta que esté aprobado. Si el uso de agua no se incrementa no hay que pasar nuevamente por el COIRCO. Va a haber quejas del gobierno pampeano, pero eso va a depender del privado", se jactó Vaquié.
Fue en respuesta al diputado José Luis Ramón, quien lo inquirió sobre los aspectos ambientales del proyecto.
Vaquié indicó que inicialmente el proyecto de Río Tinto -la empresa anterior a VALE enlistada para la explotación de la mina- era producir 4,2 toneladas al año de potasio, el triple del proyecto actual, y el triple de agua que se va a terminar utilizando, 1,25 metros cúbicos.
Ramón refutó que en el momento de aprobación del proyecto "no existían los estudios de impacto ambiental aprobados en 2009. Como país hemos firmado el acuerdo de escazú, y estamos obligados a entregar información pública sobre los proyectos económicos y su impacto ambiental. Esto tendrá un impacto en La Pampa, con quien tenemos un conflicto permanente".
Vaquié lo refutó en tono socarrón: "Seguramente conoces la ley que aprobó esta legislatura en 2007. Fue ley de la provincia de Mendoza la que asignó al proyecto un metro cubico de agua por segundo y fue aprobado por 85 de los legisladores. Son los mismos informes de impacto y se le otorgó al proyecto un metro cúbico por segundo por 99 años, eso no se puede cambiar. Está en la Constitución y en la Ley de Aguas".
Luego buscó zanjar las preguntas de Ramón, que insistió sobre el impacto ambiental: "Si la empresa continúa con la misma tecnología y no pide más agua no hace falta una DIA nueva".
