Con sólo un voto negativo de José Luis Ramón (Protectora) la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que impulsó el oficialismo para penalizar a las familias en casos de acoso escolar. Aunque en los considerandos habla de enfocar "en la educación y en "crear conciencia", rápidamente cambia el foco y plantea la vía punitiva con un párrafo contundente contra la "victimización".
Los cinco artículos clave del proyecto
La reforma incorpora seis artículos nuevos al Título III del Código de Contravenciones. Estos son los cinco principales:
- Artículo 100 bis: “Será sancionado con trabajo comunitario de cinco (5) a cincuenta (50) días o multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas, el padre, madre, tutor o responsable legal de un menor que incurra en actos de acoso escolar, cuando se verifique la omisión del deber de vigilancia, orientación y cuidado, y el hecho cause daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social.”
- Artículo 100 ter: “Previo a la intervención judicial, deberá agotarse una instancia administrativa a cargo de las autoridades escolares, quienes aplicarán un protocolo de actuación con equipos interdisciplinarios. Si los adultos responsables no asisten o incumplen los compromisos asumidos, el caso será derivado al Juzgado Contravencional.”
- Artículo 100 quater: “Las sanciones previstas podrán ser aplicadas de manera alternativa o conjunta, según la gravedad del hecho y la reincidencia. El juez podrá disponer trabajo comunitario, multa, o ambas.”
- Artículo 100 quinquies: “En caso de reincidencia, el juez podrá duplicar la sanción impuesta y establecer la obligatoriedad de asistencia a talleres de parentalidad, orientación familiar o tratamiento psicológico.”
- Artículo 100 sexties: “Los fondos recaudados por aplicación de multas serán destinados a un fondo provincial para la prevención, asistencia y reparación de víctimas de acoso escolar.”
El debate
La diputada Claudia Salas (UCR), destacó que “no podemos ni debemos minimizar el acoso escolar. Este proyecto se sustenta en un hecho innegable, el bullying no es un conflicto menor ni circunstancial, sino que es un fenómeno persistente marcado por un desequilibrio de poder que ocasiona daños emocionales, físicos y psicológicos de gran magnitud. La escuela es protagonista en la prevención, sin embargo, llega un momento en el que su capacidad de acción se ve limitada si no cuenta con una respuesta adecuada y comprometida por parte del hogar”.
El enfoque de la ley es punitivo, con multas y trabajo comunitario para las familias
Agregó que la normativa propuesta “se apoya en un enfoque educativo y preventivo; no persigue castigos ni criminalización, sino que busca generar conciencia, reparación y compromiso”. Desde la Legislatura, manifestó, “tenemos la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas, herramientas claras y un mensaje único. El cuidado y la convivencia son prioridades y compromisos que asumimos con firmeza”; y subrayó que esta iniciativa “fortalece nuestro sistema de protección y reafirma nuestra convicción de seguir construyendo entornos educativos respetuosos, empáticos y seguros. Este es un paso más de una política sostenida que nos convoca a todos, más allá de las diferencias, a priorizar el bienestar de nuestras infancias y adolescencias, y a consolidar una convivencia escolar basada en el cuidado y en la responsabilidad compartida”.
Por su parte, la diputada Laura Balsells Miró (PRO) argumentó que “vamos a acompañar este proyecto pero creemos que ha quedado solo en lo punitivo. Necesitamos como sociedad ser conscientes, y acompañar a las escuelas y a las familias. El bullying deja cicatrices para toda la vida”.
Destacó al respecto que “estamos hablando del bullying, que no es un juego, que es la reiteración durante mucho tiempo de violencia física, psíquica, moral, de una o varias personas hacia una víctima, y que esa violencia a veces genera consecuencias gravísimas. Somos todos responsables como sociedad, del bullying;”, agregando que “se necesita un plan, una verdadera política educativa específica de prevención del bullying, un programa integrado donde haya observación”, por lo que abogó por un proyecto de su autoría referido a la creación de un observatorio provincial de bullying y de violencia escolar.
Por su parte, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV) indicó que acompañaba con el voto afirmativo el proyecto, mencionando que “analizando el protocolo, la verdad que es un protocolo interesante, es un protocolo amplio y es un protocolo que inclusive, dentro de los ejes de trabajo, plantea algo que es elemental, que es la participación activa de todos los actores escolares, donde dice que la construcción de la convivencia no puede recaer exclusivamente en los equipos directivos y docentes, sino que es fundamental involucrar a los estudiantes, docentes, personal directivo, auxiliar y familia en el diseño, implementación y revisión de los acuerdos de convivencia”.
Asimismo, sumó que “tenemos la responsabilidad no solamente de definir políticas públicas, sino también de asumir nuestra responsabilidad parental” porque “la escuela forma, pero la educación está en la casa. Esto es avanzar con uno de los actores que no puede desentenderse de esa responsabilidad”.
El PJ acompañó
En otro orden, la diputada Valentina Morán (PJ) junto a su par Natalia Vicencio (PJ) adelantaron el voto afirmativo de su bloque aunque remarcaron que el proyecto tiene “una mirada más punitiva, que no va a solucionar un problema que es profundo y que tiene que ver con un montón de aristas y de causas que es necesario analizarlas”. Plantearon, por un lado, la incorporación de la “alfabetización digital”, y también ofrecer desde el Estado más herramientas al cuerpo docente y a la comunidad educativa.
Morán puntualizó que existe una “falta de planes integrales que aborden esta problemática tan compleja, por lo que se tiene que incorporar, necesariamente, la alfabetización digital”, abogando además por una “crianza digital responsable”.
A su vez, Vicencio hizo hincapié en la importancia del Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes y el rango constitucional que tienen. “La necesidad de reconocerlos, después generar instituciones y organismos para que estos derechos puedan ser llevados adelante, garantizar el acceso y la permanencia de todos estos derechos”, manifestó y agregó el objetivo de la “corresponsabilidad”, basada en “el Estado, la sociedad y la familia”. Cerró indicando que “hay que darles herramientas a los educadores. Es necesario acompañar este proyecto, con la necesidad de continuar mejorando y con un abordaje integral en el interés superior de niños, niñas y adolescentes”.
De igual forma, Verónica Valverde (PJ) manifestó que “vamos a apoyar esta iniciativa que fue votada por unanimidad en el Senado. Nos parece importante porque lo punitivo viene a ser un límite y los límites no solamente son disuasivos para las conductas, sino que también permite que los chicos vayan creciendo dentro de un marco donde se sabe qué está bien, qué está mal, hasta dónde se llega, y hasta dónde no”. A la vez, agradeció la acumulación de un expediente de su autoría que plantea la incorporación de la educación emocional en la currícula escolar.
Ramón, en negativo
En tanto, el diputado José Luis Ramón (CyC) adelantó su voto negativo afirmando que el bullying, “no es un tema que se pueda resolver de una manera liviana, sino que necesita de un abordaje, sobre todo desde la prestación del servicio educativo”, y que “el protocolo contra el bullying en Mendoza es virtuoso, tendiente a lograr la contención; y el responsable de aplicarlo es la autoridad escolar”, por lo que esta ley resultaría “contradictoria”.
Expuso también que “la paz en las escuelas no tiene precio de mercado, la paz en las escuelas tiene necesariamente que cumplirla el proveedor del servicio educativo que es el gobierno de la provincia de Mendoza. Aplicando sanciones no se soluciona el problema del bulliyng; y la Argentina está entre los 10 países a nivel mundial donde los problemas de bullying son los más graves”.
