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El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) apeló ante la Cámara Federal el sobreseimiento de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La causa investiga presuntas tareas de inteligencia ilegal sobre periodistas durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio y el G20.
Durante la jornada judicial, los representantes legales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes actúan en calidad de querellantes en representación del SiPreBA, expusieron los fundamentos centrales del recurso de apelación. La presentación tiene como objetivo revertir la decisión de primera instancia que benefició a las máximas autoridades de la central de inteligencia durante el gobierno anterior, así como a otros dos directores de la AFI.
Los abogados plantearon sus cuestionamientos ante los magistrados de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola. La parte querellante sostuvo la ilegalidad del accionar estatal al considerar que los procedimientos excedieron los marcos normativos vigentes y constituyeron una violación directa a las garantías constitucionales de los profesionales de la comunicación.
Impacto sobre el ejercicio periodístico
En el transcurso de la audiencia, la periodista Estefanía Pozzo brindó su testimonio directo frente al tribunal de alzada. Durante su intervención, detalló las consecuencias profesionales que generó la confirmación de que sus datos estuvieron bajo el control de los Servicios de Inteligencia estatales por un período de tres años. Actualmente Pozzo dirige el icónico Buenos Aires Herald, mientras que al momento de ser investigada por la AFI se desempeñaba en El Cronista.
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La exposición se centró en explicar cómo la retención de información personal por parte de agencias del Estado afecta de manera directa el desenvolvimiento de la labor periodística, el resguardo de las fuentes de información y los principios rectores de la libertad de expresión y de prensa.
El caso particular de Estefanía Pozzo representa una de las 403 fichas halladas en los registros oficiales. De acuerdo con la denuncia original, estos documentos confeccionados por los agentes estatales incluyeron perfilamientos ideológicos de trabajadoras y trabajadores de prensa, una práctica que se encuentra expresamente prohibida por la legislación nacional en la materia.
Legalización del espionaje
El origen de la instancia de apelación radica en la resolución dictada semanas atrás por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado de instrucción tenía a su cargo la investigación sobre las tareas de inteligencia desarrolladas sobre periodistas, académicos y activistas en el contexto de dos eventos internacionales realizados en el país: la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2017 y la cumbre del G20 llevada a cabo en 2018.
Tras considerar legal el espionaje, el titular del juzgado dictó el sobreseimiento de los cuatro imputados, incluyendo a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sin haberlos citado previamente a prestar declaración indagatoria, cerrando la investigación en esa instancia.
La decisión que adopten los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola determinará la continuidad o el cierre del expediente. Bertuzzi acaba de ser ratificado por el Senado en el cargo que ocupa desde años por decisión de Mauricio Macri. Llorens es uno de los magistrados que jugaba al fútbol en la quinta de Macri. Yadarola integró el famoso tour de magistrados a Lago Escondido auspiciado por el Grupo Clarín.
La querella del SiPreBA y el CELS insiste en que las tareas de seguridad para las cumbres de la OMC y el G20 no pueden utilizarse como justificación legal para la confección de fichas con orientación política sobre los trabajadores de prensa.
El tribunal de apelaciones deberá evaluar ahora si los elementos probatorios reunidos en el expediente justifican la reapertura de la investigación y la consecuente citación de las ex autoridades de la AFI, o si ratifican la interpretación del juez de primera instancia, Marcelo Martínez de Giorgi, respecto a la procedencia y legalidad de los operativos preventivos desplegados por las fuerzas estatales en aquellos años.
