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Desde este miércoles se juzga en San Rafael al policía Nelson González acusado de asesinar a Fabio Basualdo cuando ya lo tenía reducido en el piso, en un caso más que los organismos de Derechos Humanos y algunas agrupaciones políticas resaltan como "gatillo fácil".
La historia de Fabio Fernando Basualdo terminó aquella madrugada del 7 de febrero de 2010. Y su crónica vital es similar a la de tantos pibes y pibas de los márgenes. Desde La Coope relataron a Agencia de Noticias Pelota de Trapo que Fabio y su amigo, Diego Martínez, habían intentado entrar a un cumpleaños en una casa en la que no eran bienvenidos. Que alguien llamó a la policía. Que comenzó una persecución que tuvo un doble final: Diego fue detenido por el policía Lucero. Fabio terminó asesinado por el policía González con un tiro en la cabeza.
La investigación –denunció La Coope- había sido convenientemente preparada: “un revólver 22 cortito plantado por policías”, “policías investigando policías”, “códigos corporativos”, “cofradías”. Y luego reconstruyen un momento clave, tras el crimen: “el policía González fue llevado al lugar de su detención en un móvil por sus colegas; y allí fue custodiado por más colegas. El escenario del hecho fue alterado. El arma homicida fue secuestrada por otros colegas y peritada por otros, que tuvieron hasta la delicadeza de limpiarla antes de ponerla a disposición del juez”. Y comparan: igual que en “en el caso Bordón, donde una pericia policial se animó a decir que Sebastián ´se había caído´”.

Los recorridos judiciales llevaron a imputar a González por “homicidio culposo”, es decir, muerte sin intencionalidad y a Fernando Jesús Lucero Taboada por “encubrimiento agravado”. Después –cuentan los referentes de La Coope- la acusación a González fue por “´homicidio con exceso en el cumplimiento del deber´, es decir, matar, encontrándose autorizado a matar, aunque no de ese modo. Y se desvinculó de la causa a Lucero”.
Organizaciones de Derechos Humanos y políticas de San Rafael sostienen en este caso la figura del "gatillo fácil". En ese sentido, Jennifer Arias de La Coope manifestó que "la familia removerá los acontecimientos que se vivieron esa madrugada de hace más de 4 años, es por eso que queremos reinstalar el tema para denunciar que los argumentos empleados por la Policía y la Justicia no son válidos".
La figura de "exceso en legítima defensa no es plausible", afirmó Eugenia Ortiz, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, manifestando que "se estigmatiza a la víctima, es un modus operandi que siempre emplea la Policía para lograr impunidad ante casos que son muy claros para todos, excepto para la Fuerza y la Justicia.
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