Los funcionarios judiciales que integran la agrupación reformista del Poder Judicial convocaron a una conferencia de prensa para marcar la cancha frente al fallo de la Corte: "Va a marcar un antes y un después".
Cerca del mediodía, y ante la inminencia de la resolución de la Corte Suprema sobre la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura, la agrupación Justicia Legítima brindó una conferencia de prensa para expresar su posición.
La jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de la agrupación, encabezó la rueda de prensa, en la que consideró que el fallo de la Corte "va a marcar un antes y un después".
Junto al fiscal Jorge Auat y al defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, Garrigós de Rébori indicó que "independientemente de lo que resuelva la Corte, este proceso no va a parar hoy".
Para Garrigós de Rébori, la "política se ha judicializado", aunque remarcó que en el Poder Judicial "la política ya estaba".
Por su parte, Auat sostuvo que Justicia Legítima tenía la intención de "instalar una discusión postergada" y opinó que el Poder Judicial "no fue atravesado por la democracia".
El fiscal de Derechos Humanos dijo durante la presentación que la Corte estaba "ante una oportunidad histórica" y que esperaba "un gesto reflexivo desde el punto de vista republicano y democrático" por parte del máximo tribunal.
Finalmente, Kestelboim afirmó que "la alternativa es la corporación judicial o la democratización que viene siendo retrasada hace 30 años".
En la conferencia de prensa llevada a cabo el mediodía del martes con la consiga "Democracia o corporación", la agrupación Justicia Legítima señaló que el rechazo de la ley "se tradujo en un vendaval de acciones judiciales que, por vía del forum shopping, provocaron múltiples decisiones en favor del pretendido derecho al sufragio privilegiado".
Remarcaron también que "no sucedió lo propio con los sectores académicos y el abanico de las fuerzas políticas, que trazan estrategias e inscriben sus alianzas en pos de los comicios".
En ese marco avalan el pronunciamiento de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó que el lunes dictaminó que la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por la ley 26.855 era constitucional.
"No sólo es compatible con el artículo 114 de la Constitución Nacional sino que consagra una interpretación de ese precepto que concilia mejor su texto con el compromiso asumido con la ciudadanía, el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación
ciudadana", indico la agrupación.
Y sostuvo que tales argumentos, "sumados a los que aseguran una representación proporcional entre jueces, abogados, académicos y científicos en la nueva composición del Consejo de la Magistratura, constituyen la base de la democratización del sistema".
