Finalmente el Senado legalizó la precarización de los agentes públicos al darle sanción definitiva a la ley de reforma del Estatuto del Empleado Público. Alfredo Cornejo ya tenía 19 votos y la vicegobernadora, Hebe Casado, desempató con el suyo en un final que, aunque reñido, era cantado por la mayoría automática del cornejismo en la Cámara Alta.
La reforma del Estatuto legaliza la precarización de los agentes del Estado con la creación de la figura del "interino", que elimina la antigüedad
La iniciativa propone la creación de la figura del “personal interino”, excluyendo a miles de trabajadores estatales de derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la antigüedad y la defensa frente a sanciones. Según el artículo 4 bis del proyecto, el personal interino “no goza de estabilidad propia”, lo que habilita despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación.
La reforma, lejos de regularizar a los miles de trabajadores precarizados que hoy cumplen funciones permanentes bajo contratos temporarios, locaciones de servicios o monotributo, consolida un sistema dual: unos pocos con estabilidad y miles como “interinos” sin derechos plenos.
El artículo 9 agrava la situación al establecer que quienes ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado. En hospitales y centros de salud de Mendoza, más de 2.000 trabajadores reconocidos por el Estado quedarían en esta situación.
Protesta de gremios fuera de la Legislatura
Los gremios sabían de antemano que la reforma se iba a aprobar por la mayoría del oficialismo. La reacción no se hizo esperar. La CGT Regional Mendoza, que nuclea a UPCN, ATE, Camioneros, UOM y otros sindicatos clave, y gremios como AMPROS, SITEA, Sipes y Autoconvocados del Hospital Central y del Notti protestaron durante la sesión.
Derechos constitucionales eliminados
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, y la Constitución de Mendoza, en su artículo 30, garantizan la estabilidad en el empleo público como un derecho fundamental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que esta estabilidad no solo protege el puesto de trabajo, sino también las condiciones en que se desarrolla, impidiendo modificaciones arbitrarias por parte de la administración.
Sin embargo, el proyecto oficial introduce cláusulas que vulneran estos principios. El artículo 50 establece que, aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso. La redacción es explícita:
“No procederá el reconocimiento de salarios caídos, ni el pago de remuneraciones u otras asignaciones que no tengan su contrapartida en servicios efectivamente prestados.”
Además, el artículo 53 impide impugnar sanciones menores —como apercibimientos o suspensiones de hasta 15 días— salvo que se demuestre abuso de poder. Esta disposición elimina el derecho a defensa frente a sanciones que, acumuladas, pueden derivar en cesantías encubiertas.
Raquel Blas (Sitea), Claudia Iturbe (AMPROS) y Uma Flores (Autoconvocados del Central) cuestionaron la desprotección de miles de trabajadores de la salud que desde la pandemia trabajan con contratos precarios.
“Están creando una nueva planta. El Estado no convocó a concurso, se admitieron prestaciones, y ahora quieren pasar a todos estos trabajadores a una planta interina sin derechos”, denunció Blas. Iturbe agregó: “Ni siquiera los van a pasar a planta bajo esta modalidad porque tendrían que crear el cargo. Hablan fuera de la realidad”.
El líder de ATE, Roberto Macho, calificó el proyecto como “una reforma laboral inconstitucional” y anticipó que “así como está no pasa”. El intercambio con la legisladora Beatriz Martínez subió de tono y derivó en la interrupción de la comisión.
Blas resumió los puntos más problemáticos de la reforma:
Indemnizaciones recortadas
El artículo 5 del proyecto modifica el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto. Actualmente, la indemnización por eliminación de dependencia se calcula con una escala que reconoce la antigüedad:
- 100% del último salario si tiene menos de 10 años,
- 150% si tiene entre 10 y 20 años,
- 200% si supera los 20 años.
La reforma elimina esta escala y fija el cálculo en el 100% del último salario para todos los casos, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
Una reforma que divide
La iniciativa de Cornejo no solo reformula el Estatuto del Empleado Público: redefine el vínculo entre el Estado y sus trabajadores. En lugar de avanzar hacia la regularización de quienes sostienen servicios esenciales desde la precariedad, propone una figura que institucionaliza la inestabilidad y recorta derechos adquiridos.
La Legislatura se convirtió en escenario de una disputa que excede lo técnico y jurídico: se trata de una pulseada por el modelo de empleo público, por el reconocimiento de trayectorias laborales invisibilizadas y por el respeto a garantías constitucionales. La figura del interino, lejos de ser una solución, aparece como el síntoma de una reforma que, según gremios y especialistas, vulnera el corazón del derecho laboral estatal.
