Un inventario en funcionamiento

El director recordó que el inventario nacional está vigente y actualizado. “El inventario nacional de glaciares está listo, fue publicado en el Boletín Oficial de 2018 y se publicó en 2024 la actualización de los Andes Desérticos. Está en proceso de revisión la actualización de Andes Centrales, o sea que el inventario nacional está funcionando y es una obra magnífica que brinda herramientas para el ordenamiento territorial de nuestra cordillera”, explicó.

El trabajo incluye todos los glaciares, manchones de nieve perenne y glaciares de escombros mayores a una hectárea, a lo largo de la cordillera y las islas del Atlántico Sur. “Se detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17 mil incluyendo las islas, y es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera. Está disponible para todo el mundo en nuestra página Glaciaresargentinos.gob.ar”, detalló.

Críticas a la nueva normativa

Villagra sostuvo que la ley “no representa una mejora respecto de la vigente porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que genera nuevas ambigüedades”.

Uno de los puntos más polémicos es la definición de los glaciares como “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Para el especialista, “desde el punto de vista glaciológico todos los cuerpos de hielo cumplen con este rol, tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada, de aporte cuando está derritiéndose y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento”.

Sin embargo, advirtió que este concepto “genera una incertidumbre porque además de ser incorrecto no explicita cómo serán los mecanismos mediante los cuales se determinará la importancia hídrica”.

El ambiente periglaciar, un punto débil

Otro aspecto señalado es la falta de protección al ambiente periglaciar. “La propuesta aprobada deja sin protección parte del ambiente periglaciar que contiene hielo, que por estar subterráneo no es fácilmente inventariable pero cumple con las funciones hídricas mencionadas. Es de fundamental importancia poder incluir esta protección y los mecanismos para su evaluación”, subrayó.

Además, cuestionó la subjetividad que introduce el artículo 6 de la nueva ley: “¿Cómo vamos a determinar cuál es el mecanismo para establecer cuándo es relevante una afectación a los cuerpos de hielo cuando no están señalados? Eso debería ser motivo de discusión”.

Federalización y presupuesto mínimo

Villagra también se refirió al aumento del poder de decisión de las autoridades provinciales. “Esto es algo que ya funciona, son las autoridades competentes las que toman las decisiones durante las evaluaciones de impacto ambiental”, reconoció. Pero advirtió que la nueva propuesta “no considera la importancia del presupuesto mínimo que uniformice un mínimo de protección a todos los procesos hidrológicos que exceden los límites jurisdiccionales y que muchas veces incluyen a muchas provincias”.

Finalmente, alertó que “esta nueva ley sigue sin incluir un presupuesto para la realización del inventario, lo cual deja a nuestro instituto en una situación de incertidumbre en cuanto a las posibilidades de su realización”.

Lo que está en juego

Las declaraciones del director del IANIGLA ponen en evidencia las tensiones entre la mirada científica y las decisiones políticas en torno a la protección de los glaciares. Mientras el inventario nacional se presenta como una herramienta sólida y reconocida, la nueva normativa abre interrogantes sobre su alcance y efectividad.

En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales y de debates sobre el modelo productivo en la cordillera, la discusión sobre la Ley de Glaciares se convierte en un tema clave para Mendoza y para todo el país.