El apuro por sancionar el proyecto que entierre en forma definitiva la Ley 7722 reveló las costuras de un armado rápido para sacar las reformas a como de lugar a pedido de las cámaras mineras y los empresarios que quieren usar cianuro y ácido sulfúrico para extraer metales en las cuencas de ríos y en la cordillera.
Con igual celeridad, el oficialismo armó un operativo represivo para desplegar en la plaza y la sesión maratónica exprés de este viernes, cuyos pasos formales apenas si fueron cumplidos por el apuro con el que fue motorizada.
La Legislatura sesionará el viernes para habilitar la minería con cianuro en Mendoza
Este diario pudo saber que, al momento de firmar el despacho, el oficialismo había olvidado conformar las comisiones necesarias para obtener despacho y poder llamar a la sesión especial de este viernes.
A último momento se vio a radicales anotando nombres en los pasillos para armarlas y así darle vía al despacho para convocar con urgencia al tratamiento de las cámaras este viernes.
De hecho, las convocatorias a las sesiones especiales para votar las modificaciones se hicieron con fechas amañadas para poder cumplir los plazos legales exigidos para ese tipo de reuniones plenarias en la Legislatura.
De las discusiones sobre controles de la ciudadanía, cuidado del agua y licencia social, se pasó el jueves a las negociaciones, motorizadas por intendentes, sobre qué porción de la torta le iba a tocar a cada municipio de lo que recauden las mineras por romper la roca con tóxicos para obtener los minerales.
"Hubo un tire y afloje sobre a qué municipio le tocaba tanto -remarcó este viernes Lautaro Jiménez (FIT)-. Se están prometiendo muchas cosas, pero la realidad es que el impacto que esto va a tener en el presupuesto provincial es mínimo".