El exmilitar del área de Inteligencia del Ejército Mario Ocampo fue condenado a prisión perpetua por la justicia federal de San Martín, que lo consideró coautor responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 47 militantes de la organización montoneros entre 1979 y 1980, en el juicio denominado Contraofensiva Montonera II.
Ocampo también es juzgado en Mendoza, en el 11° juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, que se realiza en San Rafael. Se llegó al juicio después de su captura en un country de Pilar en 2019 tras permanecer prófugo de la justicia por siete años.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de ese partido bonaerense dio a conocer la sentencia sobre Ocampo, a quien se le imputaron los delitos agravados de homicidios, tormentos y privación ilegítima de la libertad, cometidos de forma premeditada y con alevosía contra perseguidos políticos, según la lectura de la sentencia.
Además, los jueces rechazaron la aplicación de las leyes de Punto Final 23.492 y Obediencia Debida 23.521, revocaron la prisión domiciliara a Ocampo, previo un examen de salud al imputado, y ordenaron su traslado a la Unidad del Servicio Penitenciario Federal.
La fiscal federal Gabriela Sosti celebró los resultados de la sentencia y marcó la importancia de "revocar la prisión domiciliaria".
"Era lo que esperábamos en función de las acusaciones y el desarrollo del juicio. Era una consecuencia lógica la condena. Lo que sigue siendo importante es la validación de la postura del tribunal de revocar la prisión domiciliaria", declaró Sosti al medio comunitario La Retaguardia.
La fiscal también remarcó que "los crímenes más graves son aquellos que comete el Estado contra su pueblo, encarnado en estos sujetos" -en referencia a Ocampo- y llamó a "no naturalizar la prisión domiciliaria".
En la sala del tribunal dispusieron imágenes en blanco y negro de las víctimas sobre las sillas y estuvieron también presentes sus familiares, algunos en forma presencial y otros en forma virtual.
Las víctimas de Ocampo fueron militantes de la organización Montoneros, quienes entre 1979 y 1980, regresaron a la Argentina desde el exilio para llevar a cabo acciones de resistencia contra la dictadura cívico militar que entonces gobernaba Argentina.
La audiencia se transmitió en directo por el canal de Youtube del sitio de comunicación popular La Retaguardia.
Por la mañana, el imputado formuló sus últimas palabras y, luego de un intervalo para deliberar, el tribunal dio a conocer su veredicto sobre este exintegrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Tras un extenso alegato que se prolongó durante cuatro jornadas, la fiscal Sosti había pedido prisión perpetua para el imputado, por considerarlo coautor penalmente responsable de privación ilegítima de libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio doblemente agravado en 47 oportunidades, y por allanamiento ilegal de homicidio en dos casos.
Sosti había argumentado también que los hechos analizados durante el debate debían ser calificados como genocidio y no sólo como crímenes de lesa humanidad, ya que esta categoría "no llega a definir los alcances de los delitos en juzgamiento".
"Es fundamental recuperar la identidad de la masacre y nombrarla por su verdadero nombre: genocidio. Excede el dolo de una privación ilegal de la libertad, de un tormento, de un homicidio, sino que la voluntad estuvo expuesta en un daño mayor que incluye esas conductas específicas, pero las supera", sostuvo Sosti.
La causa Contraofensiva II
En este juicio se analizó el segundo tramo de la causa que se sigue por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la represión ilegal a los militantes montoneros que participaron de la denominada "Contraofensiva".
En junio pasado, el mismo tribunal condenó, luego de un debate que se extendió por más de dos años, a la pena de prisión perpetua a Roberto Dambrosi, exjefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, exjefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
Los imputados recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 94 víctimas, cometidos por el aparato de inteligencia del Ejército que utilizó como base el predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal.
Los crímenes se perpetraron además en otros países, como Perú, España, Brasil y Bolivia, donde las estructuras de la inteligencia militar persiguieron a las víctimas con la información que habían obtenido en base a las torturas aplicadas a los cautivos.
Los jueces del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, María Claudia Morgese y Matías Mancini, aplazaron la condena de Norberto Apa, por razones de salud, pero tras una evaluación médica lo sentenciaron el 15 de julio a la pena de prisión perpetua como autor de delitos de lesa humanidad perpetrados contra 88 víctimas.
La causa en Mendoza
A Ocampo se lo acusa en Mendoza como partícipe primario del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Félix Ordenes Velázquez, quien fue desaparecido durante 1976 cuando se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII.
Por ese entonces, Ocampo era el tercero en la cadena de mando de la Compañía, y frecuentemente se desempeñaba como “Jefe Accidental” del departamento. Durante los hechos en los que se perpetró la desaparición de Velázquez, según la fiscalía intervino directamente en el sumario que se fraguó con la intención de maquillar de legalidad el secuestro y desaparición de la víctima.
