La mandataria propuso una reforma política que fuera ratificada por una asamblea constituyente, pero la última idea no generó consenso, sino rechazo de la oposición que pretende un proceso más rápido.
La necesidad de sancionar una reforma política en Brasil, expresada por la presidenta Dilma Rousseff, obtuvo hoy un amplio consenso en ámbitos parlamentarios, políticos y sociales, que, en cambio, rechazaron la posibilidad de refrendarla a través de una asamblea constituyente, como postuló la mandataria.
Esa opinión, recogida en las numerosas reuniones que Rousseff y varios de sus ministros mantuvieron con dirigentes de diversos sectores, fue exteriorizada por el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, quien, de todos modos, aclaró que la mandataria se refirió a la constituyente “en forma genérica” y “no defendió una tesis”.
En una reunión transmitida en vivo por televisión, Rousseff propuso a los gobernadores de los 27 estados y alcaldes de 26 capitales provinciales un “gran pacto nacional” de cinco ejes que incluía el llamado a un plebiscito que consultara si una asamblea constituyente debería realizar una profunda reforma política.
La jefa del Estado volvió a abordar hoy esos temas en las reuniones que mantuvo con los presidentes del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Joaquim Barbosa; del Senado, Renan Calheiros (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, aliado del gobierno), y de la poderosa Orden de Abogados de Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado.
“Hacer un plebiscito para convocar una asamblea y sólo ahí elaborar la reforma política atrasaría todo el proceso; es posible, necesario, urgente, más rápido y efectivo hacer una reforma política modificando la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos, sin alterar la Constitución federal”, afirmó Furtado, citado por el diario Folha de Sao Paulo y la agencia DPA.
Calheiros evitó opinar en público sobre la pertinencia o no de sancionar la reforma política mediante una asamblea constituyente pero subrayó que “hay una necesidad de ampliar, como todos saben, los mecanismos de la democracia directa y de la democracia participativa”, reportó la agencia noticiosa estatal ABR.
Barbosa dijo que no conversó con Rousseff acerca de la legalidad de un llamado a constituyente pero se mostró partidario de alguna forma de consulta: “Tenemos que tener conciencia muy clara de que hay necesidad de incluir al pueblo en las discusiones sobre reformas; Brasil está cansado de reformas de cúpula”, sostuvo.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Alves (también del PMDB), afirmó que “el país quiere una reforma política” pero el parlamento “no quiere” una asamblea constituyente “porque eso retardaría más una discusión que el Congreso tiene que hacer y debe hacer”, consignó la agencia EFE.
Rousseff recibió el miércoles también a representantes del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y de los grupos Resistencia Urbana y Periferia Activa, organizadores de algunas protestas en suburbios de San Pablo, tal como ayer hizo con dirigentes del Movimiento Passe Livre (MPL), impulsor de las primeras manifestaciones contra el alza de las tarifas del transporte público, hace dos semanas.
La mandataria tiene previsto reunirse mañana con miembros de las principales centrales sindicales, que hoy convocaron a una jornada nacional de protestas y huelgas para el 11 de julio próximo.
Con el “gran pacto nacional” que anticipó en su discurso del viernes pasado y la ronda de contactos con líderes de los diversos sectores políticos y sociales, Rousseff busca consensuar una respuesta contundente a la ola de protestas callejeras masivas que se registran desde hace más de dos semanas.
Las primeras manifestaciones, limitadas exclusivamente a la ciudad de San Pablo y al rechazo al aumento de las tarifas del transporte, se extendieron en pocos días a todo el país -llegaron a producirse en 438 ciudades, según datos oficiales- y a diversas reivindicaciones, como la de mayor calidad en los servicios públicos y la crítica al gasto estatal en la organización de la Copa Confederaciones y el próximo mundial de fútbol.
Esas protestas, que tuvieron su pico el jueves, cuando salieron a las calles cerca de dos millones de personas, generaron cuatro muertos, más de un centenar de heridos y cuantiosos daños.
En tanto, al menos nueve personas murieron en un enfrentamiento ocurrido esta madrugada en Río de Janeiro, entre agentes de la policía militarizada y narcotraficantes acusados de haber saqueado comercios en medio de las protestas de los últimos días.
Hoy hubo algunas manifestaciones aisladas, como las que bloquearon importantes vías de la periferia de San Pablo, pero la mayor preocupación estaba centrada en la protesta anunciada para mañana en Belo Horizonte, donde jugarán los seleccionados de Brasil y Uruguay por una de las semifinales de la Copa Confederaciones.
El sábado, al jugarse el último partido en ese sede, unas 60.000 personas se manifestaron contra la Copa y se generaron serios disturbios que dejaron al menos 32 heridos, y la policía local advirtió el domingo que “se acabó el accionar reactivo” y “ahora” adoptaría “tolerancia cero ante las protestas”.
Fuente: Télam
