Ante la convocatoria de Alfredo Cornejo de hacer la audiencia pública por el Proyecto San Jorge en el medio de la montaña, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata lanzó su propio llamado: el 2 de agosto, "la verdadera audiencia será en el pueblo". Esta iniciativa paralela se erige como un desafío directo a la estrategia oficial, en medio de un clima de acusaciones de opacidad y vulneración de derechos.
El pronunciamiento de la Asamblea de Uspallata invita a una audiencia en el pueblo para el mismo día en que el Gobierno tiene planeado copar el campamento minero de la estancia Yalguaraz usando vehículos oficiales.
"El 2 de agosto la audiencia es en el pueblo", afirman, dejando claro que su voluntad es "unánime e indubitable" en exigir un proceso "accesible para todos, transparente y participativo".
Para los vecinos, no hay alternativa: "Si no es en el pueblo, no es pública". Insisten en que la mayoría de los pobladores ya expresó su "unánime y espontáneo decidido voto por cuidar el agua" en octubre de 2010 y que ahora es el momento de reafirmarlo. La consigna es clara: "Lejos de la zona de sacrificio queda a mano de todos la dignidad", un mensaje que resuena con fuerza en una comunidad que se siente excluida de las decisiones sobre su territorio.
El Gobierno quiere evitar otro "octubre de 2010"
Este movimiento de la Asamblea de Uspallata emerge como respuesta a la controvertida decisión del Gobierno provincial de realizar la audiencia pública por el proyecto minero San Jorge en el cerro del mismo nombre, a más de 2.000 metros de altura y en pleno invierno.
La convocatoria, justificada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, con el argumento de "dar una idea del lugar donde va a estar la mina", ha encendido la alarma de diversas organizaciones.
Shantal negó que el objetivo fuera evitar una convocatoria masiva como la de 2010, cuando "unas 700 personas se inscribieron para participar y más de 2.000 se movilizaron hasta Uspallata para rechazar el proyecto". El funcionario afirmó que el sitio "queda casi en el llano, a 20 minutos de la ciudad", y aseguró que se está "garantizando el acceso público, tanto presencial como virtual”.
Amparos y recursos judiciales
Sin embargo, las explicaciones oficiales no calmaron los ánimos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Mendoza y Xumek solicitaron formalmente la suspensión de la audiencia, denunciando que su ubicación "vulnera el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza procesos ambientales inclusivos".
Este reclamo se sumó a un recurso de amparo judicial presentado por el abogado Marcelo Romano, que exige trasladar el evento a la villa cabecera de Uspallata, y a la posible presentación de otro amparo por parte de la red ambientalista Oikos.
La APDH fue tajante: "La audiencia debe realizarse en un lugar de acceso libre y seguro, no en zonas alejadas que excluyen a las comunidades afectadas".
Ambas organizaciones acusaron al Gobierno provincial de "cercenar el derecho a la participación ciudadana" al convocar la audiencia en un sitio "incierto, inaccesible y limitado", subrayando que el carácter metalífero del emprendimiento y su ubicación en una zona de alta sensibilidad ambiental requieren "un debate amplio, con garantías mínimas para los defensores del ambiente". Denunciaron, además, que el gobierno mendocino intenta "limitar la participación pública en un proceso que, por ley, debería ser abierto y transparente".
En este escenario de confrontación, la decisión de la Asamblea de Uspallata de generar su propio espacio de diálogo y participación se consolida como un acto de resistencia frente a una decidida política oficialista de impulsar la mina.
