Además, los ambientalistas lanzaron una arenga para que estudiantes, sindicalistas y activistas impidan la realización de la audiencia que convocó el ministerio de Ambiente.
Los ambientalistas nucleados en la Asamblea Popular por el Agua advirtieron al gobierno de Francisco Pérez que impugnarán la audiencia pública convocada para el 15 de abril para tratar el Plan de Ordenamiento Territorial, que prevé, entre otras cosas, reformas a la ley 7722, que impide la minería contaminante en Mendoza.
"El documento preliminar para el plan provincial de ordenamiento territorial (PPOT) que intenta imponer el gobierno es un verdadero fraude que solo sirve a intereses empresariales (locales y trasnacionales) y al sector político -señalaron en un comunicado los ambientalistas-. Se ha limitado y manipulado la participación popular en la definición del destino del territorio provincial para los próximos años a través de una insuficiente campaña de información y de mecanismos que en los hechos no garantizaron al acceso de la gran parte de habitantes y organizaciones populares durante el largo proceso. Y ahora el gobierno de Francisco Pérez intenta consolidar ese plan a través de una apurada audiencia pública para el 15 de abril próximo, con un documento que postula al extractivismo como única solución a los insostenibles problemas sociales, económicos, políticos y ambientales de Mendoza".
La audiencia fue convocada por el Ejecutivo para el 15 de abriel en el Centro de Congresos y Exposiciones, hacia donde la Asamblea por el Agua pretende movilizar estudiantes, sindicalistas y ambientalistas en oposición a la actividad oficial.
Este proyecto preliminar de ordenamiento territorial (PPOT) de Mendoza, que intentará consolidarse posteriormente por una ley provincial, constituye, según los ambientalistas, "un verdadero engendro que muta todo el tiempo al compás de los intereses de turno y sus disputas al interior. Se trata de un conjunto inconexo, incompleto, parcial, sesgado de proyecciones en base a datos desactualizados y diversas omisiones que tienen como trasfondo justificar como única salida a los problemas presentes un modelo basado en el saqueo y la contaminación".
Enumerarojn lo que, según su criterio, son las inconsistencias de la iniciativa oficial:
-A la vez que afirma que “la gran minería consume grandes cantidades de agua y tiene riesgos de contaminación, usa grandes cantidades de energía y los beneficios económico-sociales no son relevantes” expresa que “el objetivo de conservación (de los servicios hidrológicos de la región), ha sido en parte motivado a partir de la limitación del desarrollo de otras posibilidades de crecimiento de actividades económicas como la minería metalífera”. Y simultáneamente sostiene que deberá reformarse la Ley 7722 a través de la Comisión Ad Hoc de Proyectos Legislativos.
- Entre las fortalezas de la gestión crítica del recurso hídrico sostiene que “Existen instrumentos legales que permiten la administración del recurso hídrico (Ley de Aguas)...” pero omite la ley 4035 de aguas subterráneas.
-Mientras expresa que en la Mendoza futura “se organiza el sector energético para su reconversión gradual y planificada de la matriz energética con una mayor participación de las energías limpias, de fuentes renovables y tecnología local” en los resultados esperados del Sector Energético, afirma que la provincia, en concordancia con la política nacional, desarrolla un programa que plantea una paulatina transición de la matriz energética, dándole mayor importancia a la energía nuclear.
Por lo expuesto, aseguraron, impugnarán con herramientas que otorga la ley 8051 la audiencia pública, exigiendo "que se extiendan los plazos y se garantice el acceso masivo y completo a la información, instrumentándose espacios y cronogramas viables para una participación real de los habitantes y las organizaciones populares en la definición de un nuevo y genuino documento de ordenamiento territorial".
Luego expresaron que "debemos darnos los mecanismos necesarios a fin de construir otro plan de ordenamiento territorial. Una planificación que, siguiendo los intereses de las y los trabajadores y demás sectores populares, sea capaz de resolver los problemas acuciantes de Mendoza a través de un proyecto de alternativa productiva, social y ambiental que no se base en la super-explotación del trabajo ni de nuestros Bienes Comunes".
