Los pilares básicos de la versión del gobierno mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han sido fuertemente cuestionados. Los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso.
La incineración
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dice que no hay evidencias de que los estudiantes fueran incinerados en un basurero.
"Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó", resumió el experto español Carlos Beristáin en conferencia de prensa.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes fueron llevados por sicarios del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos a un basurero, donde los asesinaron y quemaron sus cadáveres.
Pero un peritaje independiente del experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) estableció que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula".
De acuerdo con el experto, en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, "inclusive uno".
Según el estudio de Torero, para incinerar 43 cuerpos se deberían haberse usado 30 toneladas de madera y el fuego tendría que haber ardido por 60 horas, y no las alrededor de 12 que había dicho el gobierno con base en la confesión de los inculpados.
Además, la llama habría alcanzado una altura de siete metros y el humo 300, lo que habría llamado la atención de la gente de localidades cercanas.
Por todo esto, "el GIEI se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula".
Las motivaciones
Hasta ahora la versión oficial indicaba que los estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos.
Pero los expertos dudan de esta versión y apuntan a una causa muy distinta: el negocio de la heroína.
El GIEI obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
Los estudiantes tomaron varias unidades de la central camionera la noche del 26 de septiembre y las agresiones en su contra al parecer tenían la intención de impedir que las unidades abandonaran la ciudad.
"El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque", establece el informe.
Una de las pistas en las que se apoyan los investigadores es que, aunque el expediente del caso menciona que los autobuses tomados por los estudiantes fueron cuatro, el testimonio de las víctimas siempre mencionó a cinco.
En la averiguación de los expertos se determinó que sí existió ese autobús, que los estudiantes tomaron sin permiso en las afueras de Iguala.
El autobús pertenece a la empresa Costa Line. Al inicio de la investigación fue incluido en el expediente, pero luego no se volvió a mencionar su existencia.
Y cuando el GIEI solicitó a la empresa transportista revisar esa unidad, la compañía presentó un autobús distinto.
Las autoridades no realizaron investigaciones sobre ese autobús en particular.
Además, las "explicaciones posibles", dicen, como "confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos".
Los investigadores aseguran que la hipótesis "más consistente" de la violencia desatada contra los estudiantes es que la acción de tomar autobuses por parte de los normalistas "podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses".
"Esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora", aseguran los expertos. El quinto autobús, dicen, "podría ser un elemento clave para explicar los hechos".
El papel de las fuerzas de seguridad federales
Desde la tarde del 26 de septiembre, cuando los estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron monitoreados por policías federales y militares, que fueron una presencia constante.
Testimonios recabados por los investigadores refieren que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de los escenarios donde los estudiantes que luego desaparecieron fueron detenidos por policías municipales.
También existen testimonios de que uno de los autobuses de donde se llevaron a parte de estos jóvenes fue detenido por policías federales.
Además, un grupo de soldados interrogó a estudiantes que llevaron a un compañero herido a una clínica particular.
Los expertos de la CIDH solicitaron hablar con integrantes del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es el grupo militar asignado a Iguala y sus alrededores. El gobierno mexicano no permitió los interrogatorios.
Hasta ahora, el papel de policías federales y militares en las escenas de los ataques y desapariciones no ha sido investigado por completo.
"El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (...) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (...) que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes", se asegura en el informe.
"No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza", dicen los investigadores, "todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel".
Fuente: BBC
