La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) regional Mendoza convocó a una manifestación este viernes contra el protocolo de armas con el que Bullrich pretende cubrir con un manto de impunidad los casos de abusos policiales como el gatillo fácil, habilitando a las fuerzas policiales a disparar por la espalda sin dar la voz de alto o cuando éstas lo consideren según su criterio. Será desde las 18.30 en la Plaza Independencia, de Ciudad.
"Esta avanzada represiva del Gobierno de Cambiemos, sólo puede frenarse con la organización y la movilización popular. Contra el ajuste y la represión, ¡organización y lucha!", es la consigna de los organizadores.
Dos días antes de la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dictó una resolución "que amplía al infinito los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Finalizada la cumbre, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial, con lo que entró en vigencia en todo el país", indicaron.
Esta resolución deroga de facto los lineamientos del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU (Res. 34/169, 17/11/1979) incorporados a nuestra legislación interna por la ley 24.059; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU (1990). También ha quedado sin efecto el Manual de Capacitación Policial de la Policía Federal de 2002. Todas normativas que establecían claramente los principios generales del uso de la fuerza y, en especial, de las armas de fuego por parte de los miembros del aparato represivo estatal y fijaban prohibiciones igual de explícitas ahora derogadas.
"Esta nueva medida del gobierno nacional da por legalizada la doctrina Chocobar e incrementa el contexto de creciente militarización represiva sobre los sectores populares con antecedentes tales como el decreto 638 de habilitación de las FFAA para la represión interior, garantizando a su vez la impunidad de los miembros de las fuerzas como el abrupto cierre del caso Maldonado un día antes de la cumbre del G20. A este verdadero Estado de Excepción a nivel nacional se le suma el ambiente represivo que en la provincia el gobernador Alfredo Cornejo ha implementado con la actualización del Código 9099 de Contravenciones y las ingentes sumas de dinero público para el equipamiento de la policial", postuló la filial mendocina de la organización.
Mendoza tiene un largo historia de abusos de las fuerzas públicas desde el retorno a la democracia. Según contabilizó el Observatorio Contra la Violencia de Estado, sólo 8 de los crímenes cometidos por uniformados llega a ser castigado por la justicia.
Los emblemáticos casos de gatillo fácil de Mendoza que quedarían impunes con el protocolo Bullrich
Hace dos años, las Madres de Víctimas de Violencia Institucional y el Colectivo de Organizaciones Sociales y Organismos de Derechos Humanos se reunieron para denunciar las demoras en juzgar policías implicados en casos de gatillo fácil y otros abusos y “las provocaciones, amenazas y hostigamientos a familiares de víctimas por parte de la fuerza pública” que se reiteran en Mendoza.
En ese momento, revelaron que de los 217 casos que se registraron en Mendoza desde el retorno a de la democracia a diciembre de 2014, sólo 8% de los autores de esos crímenes fue condenado, mientras que el 56% goza de distintas formas de impunidad como no imputación, sobreseimiento, absolución, archivo de causa o estar prófugo, según un trabajo del Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza, que intenta compendiar en forma estadística los homicidios cometidos bajo abuso policial en toda la provincia.
