Las armas policiales

Los emblemáticos casos de gatillo fácil de Mendoza que quedarían impunes con el protocolo Bullrich

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Desde el retorno a la democracia no hizo más que crecer la lista de las víctimas de abusos policiales en Mendoza, muchos de los cuales, bajo el protocolo Bullrich de uso de las armas para fuerzas policiales estarían amparados en su accionar. La flexibilidad que brinda el protocolo para que un policía pueda disparar, sin dar la voz de alto, a cualquiera que considere que esté huyendo, por ejemplo, deja a toda la ciudadanía expuesta al criterio o animosidad de los uniformados.

Casos emblemáticos del gatillo fácil en Mendoza fueron, por ejemplo, el de Hugo Gómez Romagnoli y Andrés Campoy, este último ejecutado en un control de gendarmería en la ruta. Romagnoli, en tanto, fue asesinado por la espalda en 2006 (en el gobierno estaba Arturo Lafalla) cuando conducía en un Renault 6 blanco y era perseguido por varios móviles policiales que respondieron a un llamado donde se involucraba a un vehículo de características similares. Esa situación se agravó cuando la policía le “plantó” un arma a la víctima. Luego, quedó demostrado que no funcionaba por lo que jamás se pudo haber producido un intercambio de disparos entre los efectivos y la víctima. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque tanto el CELS como Correpi recordaron que un protocolo o reglamentación no modifica el Código Penal, donde un homicidio sigue siendo tal, este amparo estatal a los abusos policiales supondría nuevas dificultades para hacer justicia con uniformados que abusen del uso de armas. De los casos cometidos en Mendoza, por ejemplo, sólo 8% de los autores de esos crímenes ha sido condenado, según un informe del Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza.

Esta entidad y la Correpi han realizado las correspondientes denuncias públicas por los casos de gatillo fácil que se reiteran sin distinción de signos políticos en el gobierno de Mendoza. Lo propio han hecho Xumek y la Campaña contra la Violencia, resaltando siempre que las víctimas de abusos policiales suelen ser jóvenes y pobres.

Lo propio resaltó este martes en una entrevista radial Nacho Levy, de La Garganta Poderosa: “¿Vos imaginás a un policía disparando por la espalda a un evasor fiscal?”, le retrucó al periodista Ernesto Tenembaun, quien alegaba que los policías tienen las manos atadas frente al garantismo excesivo.

 

Un caso de gatillo fácil reciente en Mendoza, que está en juicio en etapa de alegatos es el de Lucas Carrazco, hincha de la Lepra ultimado por la espalda en un operativo represivo en al Gargantini. Pero la lista es amplia. Algunos de los más resonantes:

• El 2 de noviembre de 1990 Domingo González de 13 años y Luis Araoz de 14, se fugaron del COSE. En las inmediaciones del Dique Frias fueron acribillados por efectivos de Motorizada y de la comisaria 27ª. En principio se hizo pasar el hecho como un enfrentamiento y el caso fue archivado. Once años después fue reabierto, cuando dos de los responsables aparecieron además como integrantes de las “mafias policiales”. Finalmente el juez se apartó de la causa y el caso quedó impune. Gobernaba José Octavio Bordón. 

• El 11 de marzo del 2001, Walter Yáñez, de 19 años, fue asesinado por un miembro de la policía provincial en Bermejo, Guaymallén, por la espalda. La familia Yáñez presentó la denuncia y un efectivo policial fue puesto bajo arresto domiciliario durante un mes. El día del funeral, unos 50 policías reprimieron a los familiares y asistentes con balas de goma. Y así comenzó un caso judicial que recorrió varios juzgados provinciales y nacionales y puso a Mendoza bajo la lupa de distintas organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, pero nunca nadie fue juzgado por este caso. Gobernaba Roberto Iglesias.

Walter Yánez.

• El 27 de junio de 2006 Jonathan Chandía salió con su hermano y un amigo a festejar su cumpleaños. Efectivos de la comisaria 27ª los detuvieron en el Corredor del Oeste, y mientras tenían a los tres tendidos boca abajo en el piso le dispararon a Jonathan dos tiros en la cabeza. Por el hecho fue condenado a perpetua el oficial Juan Carlos Oruza. Los demás efectivos quedaron impunes. Gobernaba Julio Cobos. 

Jonathan Chandía, fusilado cuando ya estaba reducido por la policía.

• El 5 de mayo de 2006 Mauro Morán tenía 14 años cuando fue asesinado por la Itaka de Cristian Bressant, quien disparó perdigones de plomo en lugar de proyectiles de goma en un operativo en el barrio Estación Espejo, en el distrito de Perdriel, Luján de Cuyo. La policía actuó en supuesta respuesta al robo de carbón a un tren, pero Morán no participó de tal delito. Recibió un proyectil en el pecho a la altura del corazón. Gobernaba Julio Cobos.

• El 1 de octubre de 2008 al mediodía Antonio Torres, empleado municipal de 58 años, regresaba de su trabajo en bicicleta. En Dr. Moreno y Maza, zona densamente poblada y con mucha actividad en ese horario, un efectivo policial que habia sido llamado por un robo comenzó a disparar contra los supuestos ladrones. Una de las balas impactó en la espalda de Torres quien murió poco después. Gobernaba Celso Jaque.

• El 5 de abril 2013 en el barrio Matheu dos efectivos de la UEP de Las Heras se acercaron a un grupo de muchachos reunidos en una esquina. La policía, dicen los testigos, comenzó a perseguir y disparar a los jóvenes. Uno de ellos, Ricardo Javier Díaz de 18 años, fue herido de gravedad. “Los que los reprimieron son unos asesinos” denunció su padre, “después de que le dispararon lo seguían pateando en el piso”. Ricardo sufrió la perforación de un pulmón y una lesión en la columna que lo dejó cuadripléjico. Murió 5 dias después en el hospital. En el gobierno estaba Paco Pérez.

• El asesinato de Ricardo Díaz sacó a la luz otro caso de gatillo fácil protagonizado por los mismos efectivos. Dos meses antes en un hecho similar que por suerte no terminó en muerte, los mismos agentes dispararon a unos muchachos a los que dicen haber querido identificar. Ambos jóvenes resultaron heridos. A raíz de ese hecho uno de los policías fue imputado por abuso de arma agravado por la función y falsedad ideológica. En tanto, su compañero fue acusado por encubrimiento. Pese a ésto se les permitió seguir trabajando y portando las armas con que mataron a Díaz.

• El 2 de marzo de 2015 los hermanos Nicolás y Pablo Adaro, de 18 y 23 años circulaban en su auto por el barrio Santa Rita de Las Heras cuando los auxiliares Diego Jaime y Diego Martínez a bordo de un móvil de la UEP de Las Heras intentaron identificarlos pero, según la versión oficial, los muchachos no se detuvieron. Los policías comenzaron a disparar y los jóvenes asustados siguieron hasta su casa distante media cuadra. Estando aún dentro del vehículo los hermanos fueron baleados en la cara. Gobernaba Paco Pérez.

“Nicolás recibió un disparo que le partió la mandíbula, lo sacaron a la fuerza del auto y quedó tirado adentro de la acequia. “Cuando salió mi papá para ver qué pasaba, no lo veía. No sabía dónde estaba y Nicolás no podía pedir ayuda porque tenía la cara destrozada”, contó otro hermano.

“Pablo con heridas en la cara y esquirlas en los ojos, fue golpeado, metido al móvil y detenido en un calabozo de la Oficina Fiscal 5. Nicolás fue internado en el hospital Central con custodia policial. Tuvieron que operarlo dos veces.

• En un control de tránsito murieron asesinados por policías: Hugo Gómez Romagnoli, Carlos Marín, Sergio Dominguez, Alexis González, Victor Velez, Andrés Garcia Campoy. Este último caso tuvo trascendencia nacional: Andrés fue retenido por gendarmes a la vera de la ruta 7 el 13 de junio de 2014. Llevaba con el una carabina de 1860 de su abuelo materno que pensaba vender, contó su madre. Poco después Andrés muere de un disparo en la cabeza, según la versión de los gendarmes por suicidio. Paco Pérez estaba en el gobierno en ese momento.

Andrés García Campoy, muerto de un balazo en un retén de Gendarmería.

• Ezequiel Torrez, ultimado de dos balazos por el policía Darío Agosti, quien fue absuelto por los jueces de la Séptima Cámara del Crimen en diciembre de 2014, pero la Suprema Corte ordenó un nuevo juicio. El policía que lo baleó alegó haberlo confundido con un ladrón, pese a que lo conocía del barrio. Bajo gobierno de Paco Pérez.

Ezequiel Torres en una foto con su novia difundida por su familia.

• Nicolás Barrera, fusilado en 2014 por la espalda a sus 16 años por Jorge Castro.Antes de asumir como ministro de la Corte nominado por Cornejo, el juez José Valerio le dio 3 años de prisión domiciliaria al policía que lo mató bajo la carátula de “homicidio con exceso de la legítima defensa”.

Nicolás Barrera, ultimado por la espalda.

• Cristian Reyes, asesinado el12 de abril de 2006 por el policía Mario Biasiori. Tenía 29 años y estaba esposado “y así corría de la patrulla que ingresó a la vivienda de su familia”, señalaron en la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Fue durante un allanamiento en el Barrio Buenavista en La Carrodilla, Luján de Cuyo, por el cual la policía estaba buscando a otra persona, supuestamente un interno fugado de la Penitenciaría Provincial. Gobernaba Cobos.

• Rosita Guzmán, asesinada a balazos el 5 de julio de 2015supuestamente porque “se atravesó en la balacera” mientras policías perseguían a ladrones. Estaba en el patio de su casa y la ultimaron efectivos de la Comisaria 16° de Las Heras, que disparaban a mansalva sobre unos supuestos ladrones. Desde el Ministerio de Seguridad salieron inmediatamente a defender a los policías y hablaron de un intercambio de disparos. Dijeron que Rosita “se atravesó” en la balacera, como si ella tuviera la culpa”, señaló Sonia Arias, del Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza.

Rosita Guzmán en una foto familiar.
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