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El próximo domingo 5 de julio, en Patricias Mendocinas 1765, Ciudad de Mendoza, se realizará el Festival Fondo de Lucha “Protestar NO es delito”, una convocatoria que busca visibilizar la creciente persecución contra quienes defienden el agua y los derechos humanos en esta provincia. La jornada, organizada por la Asamblea por Necesidad y Urgencia, incluirá música, baile, locro y empanadas, pero sobre todo será un espacio de denuncia y solidaridad frente a un escenario marcado por la represión estatal.
En los últimos 14 meses, se registraron más de 40 detenciones con causas con orfandad probatoria, con acusaciones que van desde daños a bienes públicos a agresiones a las fuerzas policiales, que mantuvieron varios días en el calabozo a quienes fueron detenidos en las protestas. Los afectados denuncian torturas físicas y psicológicas, hostigamiento laboral y fianzas “usurarias” que buscan intimidar tanto a activistas como a la sociedad mendocina en su conjunto.
La Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua (PPPDA) difundió recientemente un comunicado en el que responsabiliza directamente a Cornejo y a fiscales afines al oficialismo, bajo la conducción del procurador Alejandro Gullé, de impulsar causas judiciales contra quienes se movilizan en defensa del agua. El documento exige el desprocesamiento inmediato de más de veinte personas imputadas por participar en protestas contra la Minera San Jorge.
Casos emblemáticos de persecución
El verano de 2025 marcó un punto de inflexión con la detención de Federico Soria y Mauricio Cornejo tras una protesta contra la megaminería en Uspallata. Mucho antes, en 2019, el caso de Nora Moyano inauguró una serie de expedientes contra defensores ambientales, al ser procesada y acusada de "privación ilegitima de la libertad" de legisladores por participar de la llamada “pueblada del agua” en las afueras de la Legislatura.
Uno de los episodios más resonantes ocurrió el 11 de diciembre de 2025, cuando los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro fueron apresados mientras cubrían una manifestación en el KM0 de la capital provincial. La represión incluyó gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes, lo que derivó en un pedido de informes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. El Sindicato de Prensa de Mendoza denunció el hecho como un acto de criminalización de la labor periodística.
Ese mismo operativo dejó como saldo la detención de los hermanos Renzo y Facundo Gollano, quienes permanecieron tras las rejas casi una semana por pedido del fiscal Fernando Giunta. La Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) repudió lo ocurrido y reforzó la denuncia de persecución sistemática.
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Torturas y violencia institucional
El 23 de octubre de 2025, otra marcha contra el proyecto minero terminó con la detención de Liza Rule y Martín Iglesia, trasladados a la Comisaría Séptima y al Polo Judicial respectivamente. Las filmaciones de las bodycams policiales muestran cómo fueron golpeados aun cuando ya estaban reducidos, reforzando las denuncias de violencia institucional. Los padres de Rule, junto a abogados y organizaciones de Derechos Humanos, repudiaron las detenciones y torturas ocurridas en la Legislatura.
Agua, democracia y derechos humanos
Los asambleístas insisten en cadaprotesta o festival que la defensa del agua se vincula con la defensa de la democracia. Señala que la megaminería no sólo implica riesgos ambientales y sociales, sino que se sostiene en un esquema de represión y criminalización de la protesta.
"Durante los últimos 14 meses, el gobierno de Cornejo (en la misma linea nacional que intenta profundizar políticas de ajuste hacia el pueblo trabajador) ha endurecido la represión frente a cualquier sector que decida manifestarse. Cornejo ha implantado la persecución política y la tortura física y psicológica hacia militantes que luchan por el agua pura: busca imponer su saqueo y contaminación a todo un pueblo, que hace más de 20 años NO le da licencia social para la megaminera y el extractivismo en la provincia", señalan los organizadores del festival.
Un festival como respuesta
Frente a este panorama, el festival del 5 de julio se presenta como una respuesta colectiva. No sólo busca recaudar fondos para sostener la defensa legal de los detenidos, sino también reafirmar que “protestar no es delito”. Con música, baile y comida popular, la jornada será un recordatorio de que los derechos se conquistan luchando y que la defensa del agua en Mendoza se ha transformado en un símbolo de resistencia frente a la represión.
"Este festival pretende visibilizar la situación de persecución hacia cualquier persona u organización que decida enfrentar los planes de saqueo del gobierno. Debemos tener, además, un fondo de lucha que nos permita seguir resistiendo", cerraron.
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