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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, solicitó la inhibición en el expediente judicial que investiga al exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, por abuso sexual y violencia de género. El magistrado argumentó la existencia de un vínculo laboral y personal previo con el acusado.
La presentación de Dalmiro Garay se formalizó ante la sala correspondiente del máximo tribunal provincial. En el escrito, el magistrado detalló que su decisión responde a la necesidad de preservar la imparcialidad del proceso.
La causal invocada se centra en la relación de conocimiento directo que mantiene con Marcelo D’Agostino, originada durante el período en el que ambos coincidieron en la función pública.
Entre 2015 y 2019, Dalmiro Garay se desempeñó como Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia. Dentro del organigrama de esa misma cartera, Marcelo D'Agostino ocupaba el cargo de Subsecretario de Justicia.
El ordenamiento jurídico prevé la inhibición como la herramienta procesal mediante la cual un juez se aparta voluntariamente del conocimiento de una causa cuando advierte circunstancias normativas que comprometen su intervención.
Antecedentes en el Poder Ejecutivo
El vínculo entre los funcionarios se consolidó durante la primera gestión del gobernador Alfredo Cornejo. En esa etapa gubernamental, Dalmiro Garay se desempeñó como ministro, mientras que Marcelo D’Agostino ocupaba el cargo de subsecretario de Justicia.
Esta estructura jerárquica y el trabajo conjunto en el diseño de políticas públicas dentro del mismo ministerio generaron un trato frecuente. La jurisprudencia y los códigos de rito establecen que la existencia de una relación laboral sostenida en el tiempo constituye un elemento objetivo para que un magistrado decline su participación en la resolución de una investigación penal.
El estado del expediente
El documento legal que motiva esta tramitación en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contiene las denuncias formales contra Marcelo D’Agostino. Las acusaciones que se investigan en sede judicial están tipificadas bajo las figuras penales de abuso sexual y violencia de género.
Las partes intervinientes en el proceso han presentado los elementos probatorios y recursos correspondientes en las instancias anteriores, derivando en la elevación de las actuaciones a la sala superior. La tramitación de estos delitos requiere el cumplimiento de protocolos procesales diseñados para mantener el funcionamiento regular del sistema judicial.
Resolución del tribunal
El apartamiento de Dalmiro Garay carece de efecto automático. El procedimiento legal determina que la solicitud de inhibición debe ser analizada por los demás integrantes de la sala en la que se encuentra radicada la causa. Estos magistrados tienen la responsabilidad exclusiva de evaluar si los argumentos expuestos por el presidente del tribunal se ajustan a las causales fijadas en el Código Procesal Penal.
En caso de que los miembros de la sala avalen la excusación, se procederá a la integración del tribunal mediante los mecanismos institucionales vigentes. Este proceso requiere la realización de un nuevo sorteo entre los restantes ministros de la corte. Este paso asegura que el cuerpo colegiado cuente con el número de vocales exigido por la ley para emitir fallos y resoluciones.
La conformación definitiva del tribunal resulta un requisito procesal ineludible para la continuidad del análisis del expediente. Hasta que se resuelva la aceptación de la inhibición y se concrete el sorteo del magistrado reemplazante, los plazos legales vinculados a la resolución de fondo experimentan un receso administrativo.
