La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Estado nacional debe hacerse cargo de los costos fiscales de la aplicación de los decretos que rebajaron el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a a las Ganancias.
Fue a través de medidas cautelares que dictan "ordenar que los efectos fiscales de la aplicación" de esas normas "sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación". El fallo lleva las firmas de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia. Elena Highton no votó.
Según el fallo esas decisiones no pueden afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Cornejo dejó fuera del reclamo a Mendoza.
Los magistrados le dieron la razón a las provincias que en agosto señalaron al máximo tribunal que el recorte de IVA y Ganancias implicaría una quita de 35 mil millones de pesos coparticipables a las provincias, de acuerdo a sus cálculos. El tribunal consideró que el reclamo era pertinente porque las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo podrían significar "una erosión de la masa coparticipable", de acuerdo al Centro de Información Judicial.
La Corte tiene también pendiente para decidir cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.
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