Ni Una Menos Mendoza salió este lunes en defensa de los y las referentes gremiales, sociales y defensores del agua que fueron imputados por protestar y que Alfredo Cornejo quiere someter a juicio apalancado en fiscales que le responden. La clave para criminalizar a los que se manifiestan es la aplicación de la figura de la "reiterancia", que introdujo el propio gobernador en la reforma del Código Procesal Penal.
“La criminalización se ha convertido hoy en Mendoza, de la mano de una Justicia cooptada por el gobernador Cornejo en una estrategia para suprimir la protesta social, que es legítima, para perseguir y castigar a dirigentes sociales y políticos", señalaron en una conferencia de prensa.
"Como sabemos Mendoza al igual que Jujuy, CABA y otras ciudades del país, son laboratorios a menor escala para posteriormente nacionalizar en todo el territorio estos modus operandis represivos ilegales y antidemocráticos. El máximo tribunal de justicia provincial ya se ha pronunciado hace algunos años en un caso similar de criminalización de la protesta y los dirigentes políticos -caso Macho, Blas, Lorite- resolviendo que la misma no constituye delito, especialmente cuando se realiza en el marco del ejercicio del derecho a peticionar, el derecho de reunión y el de protesta”, subrayaron.
“Protestar, reclamar, manifestar y marchar en el espacio público no es delito. Es una condición necesaria y un derecho básico propio de un sistema democrático. Exigimos tanto al Gobierno Nacional de Milei, como al gobernador Cornejo y a la Justicia mendocina respetar nuestras libertades democráticas y derechos constitucionales, terminar con la persecución a dirigentas y dirigentes políticos y sociales, desarrollar políticas públicas para solucionar los gravísimos problemas sociales que ellos mismos generan: hambre, desempleo, desigualdad social, desmantelamiento de políticas contra las violencias”, agregaron.
El oficialismo pretende someter a juicio por diversas manifestaciones a dirigentes de ATE, SITEA, Apel y Atsa, imputándolos por el Artículo 194 por movilizaciones en el marco de las paritarias. En paralelo, pactó con la CGT una supuesta "paz social" que le garantiza que no habrá protestas mientras ejecuta su plan de desguace y despidos y la imposición de la megaminería.
También entran en la criminalización referentes ambientalistas, a quienes se somete a idéntica sucesión de audiencias en pos de un juicio que se demora pero que, mientras tanto, mantiene en un constante transitar de tribunales a sus protagonistas. El caso emblemático es el de Nora Moyano, asambleísta de Las Heras acusada de "secuestrar" legisladores.
Como contrapartida, quien denunció a los asambleístas en 2019, Jerónimo Shantal, fue premiado con la dirección de Minería, que ahora va a decidir a quién entrega y a quien no concesiones mineras.
