Por Chris Hedges
La decisión del Tribunal Superior de Londres de conceder a Julian Assange el derecho a recurrir la orden de extradición a Estados Unidos puede resultar una victoria pírrica.
No significa que Julian vaya a eludir la extradición. No significa que el tribunal haya dictaminado, como debería, que es un periodista cuyo único «delito» ha sido aportar pruebas de crímenes de guerra y mentiras del gobierno estadounidense ante la opinión pública. No significa que vaya a ser liberado de la prisión de alta seguridad HMS Belmarsh donde, como dijo Nils Melzer, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, tras visitar allí a Julian, se le estaba sometiendo a una «ejecución a cámara lenta».
Esto no significa que el periodismo esté menos amenazado. Los directores y editores de cinco medios de comunicación internacionales –The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y DER SPIEGEL– que publicaron historias basadas en documentos divulgados por WikiLeaks, han instado a que se retiren los cargos estadounidenses y se libere a Julian. Ninguno de estos directivos de medios de comunicación fue acusado de espionaje. No descarta la ridícula estratagema del gobierno estadounidense de extraditar a un ciudadano australiano cuya publicación no tiene sede en Estados Unidos y acusarlo en virtud de la Ley de Espionaje. Continúa la larga farsa dickensiana que se burla de los conceptos más básicos del debido proceso.
Esta sentencia se basa en que el gobierno estadounidense no ofrecía garantías suficientes de que Julian fuera a gozar de las mismas protecciones de la Primera Enmienda que un ciudadano estadounidense, en caso de ser juzgado. El proceso de apelación es un obstáculo legal más en la persecución de un periodista que no sólo debería estar libre, sino ser aclamado y honrado como el más valiente de nuestra generación.
Sí, puede apelar. Pero eso significa otro año, quizá más, en duras condiciones carcelarias, mientras su salud física y psicológica sigue deteriorándose. Ha pasado más de cinco años en el HMS Belmarsh sin ser acusado. Pasó siete años en la embajada de Ecuador porque los gobiernos del Reino Unido y Suecia se negaron a garantizar que no iba a ser extraditado a Estados Unidos, a pesar de que accedió a regresar a Suecia para colaborar en una investigación preliminar que finalmente se abandonó.
El linchamiento judicial de Julian nunca tuvo que ver con la justicia. La plétora de irregularidades legales, incluida la grabación de sus reuniones con abogados por parte de la empresa de seguridad española UC Global en la embajada en nombre de la CIA, por sí sola debería haber hecho que el caso fuera desestimado, ya que destruye el privilegio abogado-cliente.
Estados Unidos ha acusado a Julian de 17 actos en virtud de la Ley de Espionaje, y de un cargo de uso indebido de ordenadores, por una supuesta conspiración para apoderarse y luego publicar información de defensa nacional. Si es declarado culpable de todos estos cargos se enfrenta a 175 años en una prisión estadounidense.
La solicitud de extradición se basa en la publicación en 2010 por WikiLeaks de los diarios de guerra de Iraq y Afganistán -cientos de miles de documentos clasificados, filtrados al sitio por Chelsea Manning, entonces analista de inteligencia del ejército-, que sacaron a la luz numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos, incluidas imágenes de vídeo del asesinato a tiros de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el vídeo “Asesinato Colateral”, la tortura rutinaria de prisioneros iraquíes, el encubrimiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los puestos de control estadounidenses.
En febrero, los abogados de Julian presentaron nueve motivos distintos para una posible apelación.
Una vista de dos días en marzo, a la que asistí, fue la última oportunidad de Julian para solicitar una apelación de la decisión de extradición tomada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, y de muchas de las sentencias del juez de distrito Baraitser en 2021.
Los dos jueces del Tribunal Superior, la dama Victoria Sharp y el juez Jeremy Johnson, rechazaron en marzo la mayoría de los motivos de apelación de Julian. Entre ellos, el argumento de sus abogados de que el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos prohíbe la extradición por delitos políticos; que la solicitud de extradición se presentó con el fin de procesarle por sus opiniones políticas; que la extradición equivaldría a una aplicación retroactiva de la ley, porque no era previsible que una ley de espionaje centenaria se utilizara contra un editor extranjero; y que no tendría un juicio justo en el Distrito Este de Virginia. Los jueces también se negaron a escuchar nuevas pruebas de que la CIA conspiró para secuestrar y asesinar a Julian, concluyendo -perversa e incorrectamente- que la CIA sólo consideró estas opciones porque creía que Julian planeaba huir a Rusia.
Pero los dos jueces determinaron el lunes que es «discutible» que un tribunal estadounidense no conceda a Julian la protección de la Primera Enmienda, violando sus derechos a la libertad de expresión consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En marzo, los jueces pidieron a Estados Unidos garantías por escrito de que Julian estaría protegido por la Primera Enmienda y de que quedaría exento de una sentencia de pena de muerte. Estados Unidos aseguró al tribunal que Julian no sería sometido a la pena de muerte, lo que finalmente aceptaron los abogados de Julian. Pero el Departamento de Justicia no pudo garantizar que Julian pudiera presentar una defensa basada en la Primera Enmienda ante un tribunal estadounidense. Tal decisión se toma en un tribunal federal estadounidense, explicaron sus abogados.
El fiscal federal adjunto Gordon Kromberg, que lleva la acusación contra Julian, ha argumentado que sólo los ciudadanos estadounidenses tienen garantizados los derechos de la Primera Enmienda ante los tribunales de Estados Unidos. Kromberg ha declarado que lo que Julian publicó «no era de interés público» y que Estados Unidos no solicitaba su extradición por motivos políticos.
La libertad de expresión es una cuestión clave. Si a Julian se le conceden los derechos de la Primera Enmienda en un tribunal estadounidense, será muy difícil para Estados Unidos construir un caso penal contra él, ya que otras organizaciones de noticias, entre ellas The New York Times y The Guardian, publicaron el material que él difundió.
La solicitud de extradición se basa en el argumento de que Julian no es periodista y no está protegido por la Primera Enmienda.
Los abogados de Julian y los que representan al gobierno de Estados Unidos tienen hasta el 24 de mayo para presentar un proyecto de orden, que determinará cuándo se oirá el recurso.
Julian cometió el mayor pecado del imperio: lo expuso como una empresa criminal. Documentó sus mentiras, la violación sistemática de los derechos humanos, la matanza gratuita de civiles inocentes, la corrupción desenfrenada y los crímenes de guerra. Republicano o demócrata, conservador o laborista, Trump o Biden, no importa. Los que dirigen el imperio utilizan el mismo libro de jugadas sucio.
La publicación de documentos clasificados no es un delito en Estados Unidos, pero si Julian es extraditado y condenado, sí pasará a considerarse como tal.
Julian tiene una salud física y psicológica precaria. Su deterioro físico y psicológico se ha traducido en un pequeño derrame cerebral, alucinaciones y depresión. Toma antidepresivos y el antipsicótico quetiapina. Se le ha visto pasearse por la celda hasta desmayarse, darse puñetazos en la cara y golpearse la cabeza contra la pared. Ha pasado semanas en el ala médica de Belmarsh, apodada «ala del infierno». Las autoridades penitenciarias encontraron «la mitad de una cuchilla de afeitar» escondida bajo sus calcetines. Ha llamado repetidamente al teléfono de ayuda al suicida gestionado por los Samaritanos porque pensaba en matarse «cientos de veces al día».
Estos verdugos a cámara lenta aún no han terminado su trabajo. Toussaint L’Ouverture, que lideró el movimiento independentista haitiano, la única revuelta de esclavos que ha triunfado en la historia de la humanidad, fue destruido físicamente de la misma manera. Los franceses lo encerraron en una estrecha celda sin calefacción y lo dejaron morir de agotamiento, desnutrición, apoplejía, neumonía y probablemente tuberculosis.
El encarcelamiento prolongado, que la concesión de este recurso perpetúa, es la cuestión. Los doce años que Julian lleva detenido -siete en la Embajada de Ecuador en Londres y más de cinco en la prisión de alta seguridad de Belmarsh- han ido acompañados de falta de luz solar y de ejercicio, así como de amenazas incesantes, presión, aislamiento prolongado, ansiedad y estrés constante. El objetivo es destruirlo.
Debemos liberar a Julian. Debemos mantenerlo alejado de las manos del gobierno estadounidense. Con todo lo que hizo por nosotros, le debemos una lucha implacable.
Si no hay libertad de expresión para Julian, tampoco habrá libertad de expresión para nosotros.
Chris Hedges es un escritor y periodista ganador del Premio Pulitzer que fue corresponsal en el extranjero durante quince años para The New York Times.
